Este martes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comunicado que el Estatuto Marco para el personal sanitario no abordará cuestiones de salarios ni de jubilación anticipada. Estas son las principales solicitudes de las organizaciones sindicales con quienes se discute el documento. García justificó que estas áreas ‘no pertenecen a las competencias del Ministerio’.
‘Habrá algunas cosas que tendremos que dejar para después, porque no pertenecen a las competencias del Ministerio, como pueden ser el tema de las retribuciones, la jubilación, todo aquello que depende de otras leyes o que depende de otros ministerios o que depende directamente de las comunidades autónomas’, explicó García durante una entrevista en RNE, según recoge Europa Press.
García especificó que la responsabilidad sobre las retribuciones recae en cada comunidad autónoma, que deberá incorporarlo en sus presupuestos. ‘Cada comunidad autónoma tiene que decidir, o decidirá, si dentro de sus presupuestos se mejoran las condiciones salariales de los profesionales’, señaló, comparándolo con el Estatuto del Empleado Público o el Estatuto del Trabajador, que tampoco regulan salarios.
La ministra destacó que hay comunidades que han asegurado derechos laborales adecuados mientras que otras no han avanzado tanto. Afirmó que cada región debe ‘gestionar, decidir, priorizar, avalar y garantizar’ que los derechos laborales reflejados en el Estatuto se implementen efectivamente.
García también mencionó que su Ministerio pretende que el Estatuto Marco sea debatido y aprobado en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios determinarán las ‘prioridades’ del país respecto a este documento para luego reflejarlas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Adicionalmente, García reiteró su compromiso de presentar el nuevo Estatuto Marco al Consejo de Ministros el próximo otoño para evitar que el proyecto se estanque y destacó que el documento propone ‘muchas mejoras’ que ayudarán a superar la inseguridad jurídica y la inestabilidad laboral, entre otros problemas.
Finalmente, García subrayó el desafío de actualizar una ley que no se ha modificado desde 2003, requiriendo cambios organizativos significativos y una colaboración estrecha con sindicatos, comunidades autónomas, servicios de salud y profesionales del sector.