El Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA), integrado en la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), ha valorado positivamente la aprobación del nuevo real decreto que refuerza el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para todas las personas que residen en España, incluidas aquellas en situación administrativa irregular. Al mismo tiempo, reclama un amplio respaldo político que permita consolidar esta garantía de atención sanitaria.
Desde este grupo científico se entiende que la norma representa un “avance clave” en términos de equidad en salud y de control de patologías infecciosas como el VIH, en un escenario en el que casi la mitad de los nuevos diagnósticos de esta infección en España corresponde a población migrante.
“La recuperación efectiva del acceso universal a la sanidad es una decisión que va en la dirección correcta. Garantizar que todas las personas puedan acceder al sistema sanitario no solo es una cuestión de equidad y derechos, sino también una herramienta clave para el control de enfermedades transmisibles y para proteger la salud de toda la población”, ha señalado María Velasco, presidenta de GeSIDA.
En esta línea, el grupo científico pide que el nuevo marco legal logre el mayor consenso posible entre los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, con la finalidad de asegurar su permanencia y evitar que las políticas sobre acceso a la atención médica queden expuestas a cambios normativos continuos.
GeSIDA remarca igualmente que el real decreto debe aplicarse de forma homogénea y eficaz en todas las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar los servicios sanitarios, para impedir que se generen desigualdades territoriales en el acceso a la asistencia.
“Es fundamental que esta norma se traduzca en procedimientos claros y operativos en las comunidades autónomas. El acceso a la atención sanitaria debe ser real y efectivo en todo el territorio, evitando barreras administrativas que puedan dificultar la continuidad asistencial”, añade Velasco.
El precedente de 2012 y sus efectos en personas con VIH
GeSIDA recuerda que la limitación del acceso a la sanidad pública para migrantes en situación irregular introducida en 2012 causó una gran inquietud entre profesionales y sociedades científicas, sobre todo por su posible impacto en pacientes con enfermedades crónicas e infecciosas como el VIH.
En aquel contexto, especialistas del Grupo de Estudio advirtieron de que la retirada de la tarjeta sanitaria podía conducir a interrupciones en la terapia antirretroviral de personas con VIH, con repercusiones graves tanto para su pronóstico individual como para la salud pública.
Años después, investigaciones y evaluaciones impulsadas por GeSIDA constataron que efectivamente se produjeron casos de suspensión del tratamiento en pacientes migrantes, lo que incrementó el riesgo de progresión de la infección y de transmisión del virus.
“En el caso del VIH, garantizar el acceso continuado al tratamiento es absolutamente esencial. La terapia antirretroviral permite controlar completamente el virus y evitar su transmisión, pero solo si las personas pueden mantener un seguimiento médico estable”, explica la presidenta de GeSIDA.
Migración y VIH en España
El grupo científico subraya que la atención sanitaria a las personas migrantes constituye hoy uno de los principales desafíos para el control del VIH en España. Los datos epidemiológicos disponibles indican que casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH en el país se dan en población migrante, lo que pone de relieve la necesidad de asegurar estrategias inclusivas de prevención, cribado y tratamiento.
Asimismo, diversos trabajos desarrollados en el marco de la cohorte española CoRIS muestran que las personas migrantes registran porcentajes más altos de diagnóstico tardío, es decir, cuando el sistema inmunitario ya está deteriorado o han aparecido enfermedades definitorias de sida.
Estas brechas se asocian a múltiples factores, como trabas administrativas, dificultades económicas, estigma social, desconocimiento del funcionamiento del sistema sanitario o barreras idiomáticas, que pueden retrasar el acceso a las pruebas diagnósticas y al seguimiento clínico especializado.
“Las políticas sanitarias inclusivas son una herramienta imprescindible para reducir el diagnóstico tardío y mejorar el control del VIH. Cuando se facilita el acceso al sistema sanitario, aumentan las posibilidades de diagnóstico precoz, se mejora la adherencia al tratamiento y se reduce la transmisión del virus”, subraya Velasco.
GeSIDA insiste en que el control del VIH y de otras infecciones depende en gran medida de la capacidad de los sistemas de salud para detectar los casos de forma temprana, iniciar la terapia sin demoras y sostener un seguimiento clínico continuado.
“Las enfermedades infecciosas no entienden de fronteras administrativas. Las políticas sanitarias deben basarse en la evidencia científica y en la protección de la salud pública. Facilitar el acceso a la atención sanitaria es una inversión en salud para toda la sociedad”, ha finalizado la presidenta de GeSIDA.