La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este martes de que la colaboración público-privada ha pasado a ser “estructural y erosiona ya la capacidad del sistema público”, al haber ganado protagonismo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) mientras el desembolso público dirigido a centros privados se ha incrementado casi un 85% en los últimos doce años.
Ante este escenario, ha explicado que el Ejecutivo trabaja para derogar la Ley 15/1997, reforzar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y acotar la entrada de compañías con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública. Todo ello se articulará a través de una nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo no es eliminar la colaboración, sino poner fin a los “desmanes”.
Según ha recordado García, “El Sistema Nacional de Salud en la última década ha crecido por la vía de los hospitales de gestión privada, por la vía de los hospitales de gestión privada que tienen financiación pública”, subrayando que los modelos de concierto varían de unas comunidades autónomas a otras.
En este contexto, la titular de Sanidad ha llevado este martes al Consejo de Ministros el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), un documento que ofrece un análisis amplio de cómo ha evolucionado la participación del sector privado en la prestación de servicios sanitarios financiados con fondos públicos durante los últimos veinte años.
El informe concluye que la colaboración con entidades privadas ha dejado de ser un mecanismo excepcional para convertirse en una pieza estructural del sistema, lo que supone desviar una porción cada vez mayor del presupuesto público hacia empresas cuya lógica se rige por el beneficio económico y no por el interés general.
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