El próximo 16 de febrero comenzará una huelga indefinida de médicos y facultativos. Se suma a los paros sanitarios del pasado mes de diciembre que, según la Plataforma de Organizaciones de Paciente (POP), provocaron la cancelación de 450.000 consultas externas, la postergación de alrededor de 12.000 intervenciones quirúrgicas y el retraso en 50.000 pruebas diagnósticas. Las organizaciones de pacientes, con las que ha hablado Demócrata, piden una solución para evitar que el conflicto siga impactando en la salud de los enfermos.
Las próximas movilizaciones han sido convocadas por el Comité de Huelga –integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y los principales sindicatos profesionales del país– y están previstas para las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
Lo que solicitan, principalmente, es un estatuto médico propio, por ello, mantienen su disputa con el Ministerio de Sanidad, a pesar del acuerdo al que llegó éste con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF).
Preocupación entre los pacientes
En conversación con este medio, Andoni Lorenzo Garmendia, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), destaca que estos paros empeoran un sistema sanitario que ya tiene muchos problemas, como las listas de espera o los retrasos y dificultades para realizar pruebas de diagnóstico. No solo es el perjuicio inmediato para el paciente el día de la huelga, subraya, “sino cómo se va a revertir el hecho de que esa persona se haya quedado sin su consulta o prueba diagnóstica”.
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Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) indican que “cada consulta anulada no es solo un dato estadístico; es una demora en un tratamiento o diagnóstico que genera angustia y empeoramiento de la calidad de vida”. Su director general, Pedro Carrascal, insiste en el impacto que puede tener en la salud la prolongación del conflicto, y resalta que “puede generar sufrimiento y desprotección en pacientes de larga duración”.
Información y servicios mínimos
Tanto en el FEP como en la POP sostienen que los servicios mínimos que se establecieron para anteriores convocatorias fueron escasos y exigen más información. “Hay la desinformación habitual de las huelgas, y eso genera preocupación e incertidumbre. Más allá del cumplimiento de los servicios mínimos, pedimos que haya transparencia, que los pacientes sepan a qué atenerse”, comenta Carrascal.
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Ambos representantes de los pacientes llaman la atención sobre el hecho de que hay personas que van al hospital para una cita o una prueba y se encuentran con que no les van a atender. Para muchos de estos pacientes, apunta Garmendia, ir al médico no es algo tan sencillo: “Tienen que pedir permiso en el trabajo o son personas mayores que dependen de un familiar para que les acompañe”.
Apoyo a los médicos
A pesar de las quejas, Carrascal deja claro que entienden la postura tanto de los profesionales médicos como del Ministerio de Sanidad. Como pacientes, insiste, “queremos que se resuelva el conflicto y que, aparte de las reivindicaciones, se visibilice que, además de una disputa entre los médicos y el Ministerio, hay un problema que impacta en la salud de los pacientes”.
Garmendia subraya la “relación muy fluida y cordial” que tienen con los médicos, que les han ido informando desde el minuto uno y que siempre se han puesto a su disposición: “Incluso hemos tenido alguna jornada en la que nos han explicado el porqué de las demandas”, indica.
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El presidente del FEP apunta que los primeros cuidadores son los médicos y que siempre querrán que estén “en las mejores condiciones”; de lo contrario, “los primeros perjudicados seremos los pacientes”, enfatiza. Advierte, no obstante, de que también hay buen trato con el Ministerio, aunque no están hablando sobre este conflicto, “tampoco se lo hemos pedido”, reconoce Garmendia.
Para él, hay un tema preocupante, y es la fuga de talentos: “Me gustaría que España fuera un polo de atracción de los mejores profesionales médicos y el Estatuto debería ser una oportunidad para ello”.