Este martes, 9 de diciembre, ha comenzado una huelga de médicos y médicas en España, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Y el próximo 27 de enero se iniciará otro paro –en este caso, indefinido y dirigido a todo el personal sanitario–, que se repetirá cada martes. Éste está amparado por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde).
Dos convocatorias separadas, aunque con puntos en común, que tienen en la diana a la ministra de Sanidad, Mónica García, y el Estatuto Marco que lleva negociándose casi tres años.
¿En qué se diferencia lo que piden unos y otros?
La principal desemejanza es que los sindicatos médicos reclaman un Estatuto propio. Aseguran que el colectivo médico debe tener un ámbito de negociación diferenciado e interlocutores propios ante la Administración.
En su opinión, agrupar en un capítulo específico normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico y la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar problemática del facultativo, “no solucionan nada, mientras la composición de esas mesas siga siendo la misma que la de la sectorial controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo”.
Es decir, la CESM y el SMA quieren discutir únicamente lo que afecta a los médicos, con una negociación diferenciada de la que surja un Estatuto también separado del nuevo Estatuto Marco general que debaten el resto de sindicatos.
Reivindicaciones
En cuanto a otras reivindicaciones concretas, los médicos ponen el acento en estas cuatro:
- Clasificación de los grupos profesionales: piden que se diferencie entre titulados MECES III y MECES II.
- Jornada de guardias: exigen que las guardias sean calificadas como actividad extraordinaria, que se garantice su retribución por encima de la hora ordinaria y que se realice un “calendario claro y bien definido” para establecer la voluntariedad de las mismas.
- Movilidad forzosa: aseguran que es “una herramienta para someter al colectivo médico a condiciones laborales injustas y discriminatorias con respecto al resto de categorías profesionales”.
- Régimen de incompatibilidades: en sus palabras, este régimen es “discriminatorio” y estatuye “retribuciones diferentes por igual trabajo”.
Mientras que SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, convocantes de la huelga indefinida que comenzará a partir del 27 de enero, indicen en:
- Nueva clasificación profesional retribuida: quieren que se contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional.
- Jornada de 35 horas: pretenden que en el nuevo Estatuto Marco se establezcan “las bases para una jornada laboral digna y adecuada, que concilie la vida familiar y laboral del personal”. Reclaman la jornada laboral de 35 horas en todas las comunidades autónomas.
- Jubilación anticipada y parcial: exigen que se incluya la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.
¿Qué dice el Ministerio de Sanidad sobre un estatuto propio para médicos?
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado que la creación de un Estatuto Marco exclusivo para los médicos “rompe” con la concepción de gestión en equipo del sistema sanitario.
“Desde nuestro punto de vista, rompe la idea de que el sistema sanitario tiene que ser gestionado como una conjunción de profesionales que trabajan en equipo para la atención del paciente. Ese punto, que para el sindicato convocante parece ser un elemento fundamental, para nosotros supone un elemento de ruptura de la ordenación jurídica del propio sistema sanitario y de cómo coordinamos y protegemos los derechos y deberes del conjunto de los profesionales”, ha declarado.
¿Cuál es su respuesta a las otras exigencias?
Respecto al resto reivindicaciones (tanto las de los sindicatos médicos como las que impelen la huelga que comenzará el 27 de enero) en el Ministerio ya subrayaron la semana pasada que habían incorporado en el borrador del nuevo Estatuto Marco todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial, “tras un proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros actores implicados”.
También a ello se ha referido Padilla esta mañana: “Nos encontramos con que hay una parte importante de esas competencias, como puede ser por ejemplo la ligada a las retribuciones o la organización de los servicios, que son de las comunidades autónomas. A nosotros se nos demanda que incorporemos eso en el Estatuto Marco, pero si lo hacemos, haciendo una invasión de competencias a las comunidades autónomas, nos exponemos a que la norma pueda ser recurrida y ser tirados abajo los posibles avances que puedan estar ahí.