QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal de Cuentas ha validado un estudio sobre la fiscalización de los gastos en medicamentos en importantes hospitales públicos de Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja, revelando importantes fallos en la contratación y administración de estos gastos en las mencionadas comunidades autónomas, notando discrepancias que alcanzan hasta un 97% en el costo de un mismo fármaco entre los centros evaluados.
La fiscalización, que se llevó a cabo durante el año 2022, tenía el objetivo de verificar que las compras de medicamentos se ajustaran a la normativa de contratación pública y evaluar si la gestión de las prestaciones farmacéuticas era la adecuada.
El estudio expone serias falencias en la planificación y contratación del gasto en medicamentos en instituciones como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Cantabria, el Complejo Universitario de Badajoz en Extremadura, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia, y el Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro en La Rioja.
Se ha determinado que en estos centros se realizaron adquisiciones de productos farmacéuticos sin cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), transgrediendo principios de publicidad, transparencia y competencia.
El caso del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es especialmente notable, ya que el 99 % de su gasto farmacéutico (más de 101 millones de euros) se realizó ignorando los procedimientos estipulados en la LCSP. En los centros de Murcia, La Rioja y Extremadura se optó en su mayoría por contratos menores que, frecuentemente, excedieron los límites legales al acumularse con un mismo proveedor y para una misma finalidad.
El informe también menciona insuficiencias en la gestión y supervisión del gasto farmacéutico hospitalario, incluyendo la ausencia de protocolos estandarizados de prescripción y dispensación, deficiencias en los sistemas de información y las ya mencionadas variaciones de hasta un 97 % en el precio pagado por el mismo medicamento. Estas irregularidades resultan en una gestión ineficaz de los fondos públicos y comprometen la sostenibilidad del sistema de salud, según se explica en el documento.
Como respuesta a estos hallazgos, el Tribunal de Cuentas urge a los servicios centrales de los servicios autonómicos de salud y a las gerencias hospitalarias a tomar medidas para evitar adquisiciones fuera de la normativa, mejorar las deficiencias en los sistemas de información y fomentar modelos de compra más eficientes y sostenibles, como la adquisición de medicamentos en formato unidosis.
