Cesida, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida, ha expresado su satisfacción tras la decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León de aceptar el recurso de un paciente con VIH en situación de vulnerabilidad, anulando una factura de 4.805,21 euros que había sido emitida por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (SACYL).
«La resolución, dictada el 10 de octubre de 2025, reafirma la prevalencia del derecho fundamental a la protección de la salud sobre requisitos administrativos formales, especialmente cuando concurren circunstancias de urgencia médica y vulnerabilidad social», han destacado desde Cesida.
Según el fallo, se ha demostrado que el afectado llegó a España el 19 de octubre de 2024, se registró en Ponferrada cuatro días después y desde el principio trató de regularizar su acceso a la sanidad a través de la Asociación Caracol. No obstante, las ‘trabas’ administrativas le impidieron acceder a la Atención Primaria, llevándolo a un deterioro clínico que culminó en una urgencia hospitalaria y una intervención quirúrgica.
La sentencia subraya que esta situación es resultado de ‘disfunciones del propio sistema’, que ‘falló en proporcionar un cauce de acceso reglado a una persona con una patología crónica grave y en situación de vulnerabilidad, obligándole a recurrir a la vía de la urgencia cuando su salud ya se había deteriorado significativamente’.
«La Administración yerra al minimizar la gravedad del cuadro clínico y desvincularlo de la patología de base del afectado, describe el escrito», enfatizan desde Cesida. «Un absceso que requiere drenaje quirúrgico en un paciente con el VIH, que además ha visto interrumpido su tratamiento, no es una dolencia menor, es una urgencia en la que la falta de atención inmediata podría haber conllevado consecuencias de extrema gravedad. El nexo entre la inmunosupresión derivada del VIH no tratado y la aparición de un proceso infeccioso severo es una evidencia médica, añade la sentencia. Un análisis respaldado asimismo por los profesionales sanitarios del Hospital El Bierzo», explican.
Desde Cesida se resalta que la sentencia no admite recurso de apelación y reconoce el derecho a la gratuidad de la asistencia sanitaria prestada, imponiendo además las costas procesales a la Administración demandada, la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo de la Junta de Castilla y León.
«Este caso evidencia cómo determinadas barreras administrativas pueden poner en riesgo la salud de personas en situación de grave vulnerabilidad», ha señalado Raquel Rodríguez, educadora social en la Asociación Caracol, quien espera que la sentencia «contribuya a corregir prácticas excluyentes en el circuito de acceso a la atención sanitaria y a mejorar la atención a las personas migrantes y con VIH en toda la provincia y en la comunidad».
Oliver Marcos, secretario general de Cesida y educador par en el ámbito hospitalario, comenta que frecuentemente, las personas migrantes ‘se encuentran con muchas trabas para el acceso al sistema sanitario’. En este sentido, afirma que la protección de la salud como derecho fundamental y la salud pública como competencia de las administraciones públicas, ‘deben ser pilares fundamentales’ para garantizar el tratamiento antirretroviral en personas con el VIH.
Cesida denuncia que en Castilla y León ya son varios los casos documentados de personas migrantes a las que se les niega el acceso al tratamiento antirretroviral por cuestiones administrativas. ‘Las entidades de la comunidad se han reunido en varias ocasiones con la dirección de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, sin haber encontrado aún una solución a estas situaciones’, añaden.