La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha manifestado su oposición al anteproyecto de ley que pretende articular la participación ciudadana en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de las organizaciones de pacientes, a las que se otorga personalidad jurídica propia. El motivo principal de su rechazo es que, según subrayan, “sus principales fuentes de financiación provienen de los laboratorios farmacéuticos, que se benefician de los costosos fármacos utilizados en su tratamiento”.
La entidad recuerda además que “ni en la Constitución española ni en ninguna de las leyes que regulan la participación de la ciudadanía en el SNS existe un reconocimiento específico de los consumidores de determinado producto, ni de las organizaciones formadas por pacientes de determinada enfermedad”, por lo que cuestiona el encaje legal de esta figura privilegiada para las asociaciones de pacientes.
Desde la federación se alerta de que priorizar el papel de los pacientes en los órganos de participación del SNS “promueve una percepción de la salud como mera ausencia de enfermedad, relegando la promoción, la salud pública y la educación comunitaria”. A su juicio, la función central de las asociaciones de pacientes debería ser el “prestar apoyo a pacientes y familiares e identificar problemas y áreas de mejora que incrementen la calidad de la atención sanitaria a las personas afectadas por determinada enfermedad”, y no sustituir a las organizaciones ciudadanas en la interlocución con la Administración.
En este contexto, remiten a la investigación del Consorcio periodístico ’Investigate Europe’ de 2022, que reveló que el 50 por ciento de todos los pagos de la industria farmacéutica en España se concentraron en 21 organizaciones de pacientes con mayor interés comercial. Para la federación, esta concentración de recursos económicos tiene “efectos negativos sobre la equidad, la seguridad de la asistencia y la sostenibilidad del SNS”, al generar dependencias y posibles conflictos de interés.
Por todo ello, en la FADSP sostienen que deben ser las organizaciones ciudadanas y las plataformas en defensa de la sanidad pública las que reciban el respaldo y el fortalecimiento por parte de la Administración sanitaria, “para reforzar el carácter público, universal, equitativo y de calidad del SNS y contribuir a su sostenibilidad y legitimidad social”. Reivindican que estas estructuras, y no las entidades financiadas mayoritariamente por la industria, sean el eje de la participación social en la sanidad.