La Fundación IDIS denuncia que el Anteproyecto de Ley supone un ataque directo a la colaboración público-privada

La Fundación IDIS critica el Anteproyecto de Ley sanitaria por limitar la colaboración público-privada y advierte de riesgos para eficiencia y calidad asistencial.

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En el contexto del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado el pasado 10 de febrero por el Consejo de Ministros y actualmente sometido al trámite de Audiencia e Información Pública del Ministerio de Sanidad, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha advertido que “representa un ataque frontal a la colaboración pública-privada, y no tiene en cuenta que esta no constituye un elemento excepcional, sino estructural dentro del sistema sanitario español”.

Según expone la entidad en un comunicado, “las medidas orientadas a su restricción o minimización resultan contrarias a los intereses de los pacientes, merman la capacidad del sistema para responder de forma ágil a las necesidades asistenciales y limitan el rol del sector privado, lo que supone una traba a la inversión, a la innovación y al uso eficiente de los recursos”.

La Fundación, que ha registrado un paquete de propuestas al texto normativo, insiste en que es “prioritario mejorar los mecanismos de control y evaluación comparativa de resultados clínicos, seguridad, productividad y eficiencia en todas las instituciones sanitarias, tanto de gestión directa como indirecta, con el fin de reforzar la transparencia y favorecer la mejora continua del sistema sanitario”.

En esta línea, recalca que el sistema sanitario privado “es y quiere seguir siendo, como ocurre en otros países europeos, un actor relevante dentro del Sistema Nacional de Salud”, aportando al funcionamiento del mismo desde la confianza institucional, la seguridad jurídica, la planificación a largo plazo y la garantía de calidad, siempre bajo un marco de supervisión pública y transparencia.

Por consiguiente, la Fundación IDIS expresa su rechazo a cualquier fórmula que pueda “ralentizar o dificultar” la puesta en marcha de instrumentos de colaboración público-privada, al entender que “la necesaria transparencia y supervisión deben ser compatibles con procedimientos ágiles que permitan atender adecuadamente las demandas sanitarias”.

En su análisis del Anteproyecto, la organización considera que la prohibición de modelos de concesión administrativa que incluyan obra y prestación de servicios sanitarios, así como la limitación de la vinculación a la red pública mediante convenio únicamente a hospitales privados sin ánimo de lucro, “serían medidas lesivas para la eficiencia y la calidad del sistema sanitario”.

Asimismo, la Fundación IDIS alerta de que algunos artículos del Anteproyecto de Ley podrían implicar una posible “invasión de competencias” ya transferidas a las comunidades autónomas en materia de gestión sanitaria, “generando incertidumbre en su aplicación”. A su juicio, “los obstáculos y restricciones” que se plantean en el texto legal para la colaboración pública/privada en el ámbito sanitario “serían especialmente graves y lesivas si su alcance se extendiera al sector sociosanitario”, dado que este “está constituido, en su gran mayoría y en toda España, por plazas privadas concertadas con el sector público”.