La Organización Médica Colegial (OMC) ha reiterado que la incorporación de médicos sin título de especialista a puestos asistenciales supone un grave riesgo para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y para el modelo de Médicos Internos Residentes (MIR), alertando de la progresiva normalización de estas contrataciones.
La corporación colegial subraya que permitir que facultativos sin titulación oficial asuman plazas estructurales repercute de forma negativa en el sistema. Recuerda que España ha desarrollado, durante décadas, un modelo de excelencia en Formación Sanitaria Especializada (FSE), reconocido tanto a nivel nacional como internacional, por lo que dicho modelo no puede reducirse a un mero trámite administrativo ni a un privilegio de la profesión médica.
Según la OMC, este sistema constituye una garantía pública de calidad en la atención, de seguridad clínica y de equidad en el acceso al ejercicio profesional. Autorizar que tareas propias de un especialista sean realizadas por médicos sin la acreditación oficial pertinente implica, a su juicio, abrir una brecha en los pilares del sistema sanitario.
En este marco, la Asamblea General de la OMC ha elaborado un informe en el que se constata que esta situación no es esporádica ni aislada, sino un fenómeno extendido en todo el territorio nacional, con especial incidencia en áreas rurales y de difícil cobertura, aunque presente, en mayor o menor grado, en todas las comunidades autónomas.
Entre las consecuencias señaladas, se apunta que se compromete seriamente la seguridad del paciente, se desnaturaliza y debilita el modelo MIR, se altera la adecuada supervisión de los médicos residentes, se provoca un agravio comparativo respecto a quienes han superado un proceso selectivo muy exigente y han completado años de formación reglada, y se fomenta la precariedad en el ejercicio profesional.
SOLUCIONES REACTIVAS Y CORTOPLACISTAS
El documento atribuye esta situación a décadas de planificación insuficiente, a las jubilaciones masivas, al aumento sostenido de la demanda asistencial y a las dificultades para cubrir plazas en el ámbito rural, factores que han conducido a la adopción de medidas reactivas y de corto alcance, pese a que la urgencia, advierte la OMC, no puede poner en juego la seguridad clínica.
Ante este escenario, la OMC reclama una estrategia estatal coordinada que contemple un aumento planificado de plazas MIR, ajustado a necesidades objetivadas; la mejora de las condiciones laborales y salariales; incentivos efectivos para las zonas de difícil cobertura; procedimientos de homologación ágiles pero garantistas; y una planificación rigurosa a medio y largo plazo, adaptada a la realidad de cada comunidad autónoma.
Asimismo, la organización exige derogar las habilitaciones excepcionales incluidas en el Real Decreto-ley 30/2021, diseñadas exclusivamente para una situación de extraordinaria y urgente necesidad derivada de la pandemia, y que, insiste, no deben consolidarse como vía ordinaria para cubrir plazas asistenciales estructurales.
La OMC sostiene que esta práctica constituye una irregularidad incompatible con el marco jurídico actual y que compromete la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la propia estructura del sistema MIR. Recuerda, además, que la ciudadanía tiene derecho a recibir atención por parte de profesionales con la máxima formación exigible.