La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha analizado la situación de 93 Estados miembro y concluye que en más de 60 de ellos se ha producido una mejora en la respuesta a las necesidades sanitarias de refugiados y migrantes, lo que supone alrededor de dos tercios de los países evaluados.
“Los sistemas de salud solo son verdaderamente universales cuando atienden a toda la población”, ha indicado el director general de este organismo internacional, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha añadido que “los refugiados y los migrantes no solo reciben atención de salud”, sino que “también trabajan en estos servicios, cuidan de otras personas son personas de referencia dentro de su entorno”.
Según ha subrayado, esta investigación “muestra que la inclusión beneficia al conjunto de la sociedad y refuerza la preparación frente a futuros retos de la salud pública”. En este contexto, la OMS valora los resultados como progresos significativos hacia políticas sanitarias más inclusivas con refugiados y migrantes.
Los datos del informe reflejan que esos más de 60 países que han reforzado su asistencia a estos colectivos ya los contemplan de forma explícita en su legislación y en sus estrategias nacionales de salud, en línea con el Plan de Acción Mundial de la OMS. Este hecho cobra especial importancia si se tiene en cuenta que actualmente más de 1.000 millones de personas, es decir, más de una de cada ocho en el planeta, son refugiadas o migrantes.
Obstáculos persistentes en el acceso a la sanidad
Los movimientos de población se producen por múltiples motivos, como conflictos armados, catástrofes naturales, búsqueda de mejores oportunidades económicas o educativas, así como por razones familiares. Sin embargo, numerosos refugiados y migrantes siguen afrontando importantes barreras para utilizar los servicios de salud en los países de acogida, además de presentar un riesgo superior de padecer enfermedades infecciosas y crónicas, problemas de Salud Mental y de residir o trabajar en entornos inseguros.
Ante este escenario, la OMS sostiene que destinar recursos a la salud de estos grupos tiene un impacto positivo amplio: facilita su integración social y económica, refuerza la capacidad de los sistemas sanitarios y contribuye a la seguridad sanitaria global. De este modo, se reducen los costes a largo plazo, ya que las personas disfrutan de una mejor salud e incrementan su participación en la vida comunitaria, lo que les permite aportar más a la sociedad.
El informe recoge ejemplos de iniciativas que la OMS considera destacables, como la ampliación del seguro sanitario para la población migrante en Tailandia, la figura de la mediación intercultural en Bélgica o la implicación de representantes de comunidades migrantes en la toma de decisiones sobre la Atención Primaria en Chile.
No obstante, el organismo advierte de que únicamente el 37 por ciento de los países recopila, analiza y difunde de forma sistemática información específica sobre la salud de los migrantes, y solo el 42 por ciento incorpora a refugiados y migrantes en sus planes de preparación y respuesta ante emergencias, así como en las estrategias de reducción del riesgo de desastres.
Formación, datos y lucha contra la desinformación
Menos del 40 por ciento de los Estados encuestados declara que su personal sanitario recibe formación para ofrecer una atención adaptada a las particularidades culturales de estos grupos, y solo el 30 por ciento ha puesto en marcha campañas de comunicación destinadas a combatir percepciones erróneas y la discriminación vinculadas a la salud de refugiados y migrantes.
El análisis también apunta que, aunque las personas refugiadas suelen disponer de más posibilidades de acceso a los servicios de salud, otros colectivos como los migrantes en situación administrativa irregular, los desplazados internos, los trabajadores migrantes o los estudiantes internacionales se enfrentan a una cobertura mucho más desigual.
Frente a estas carencias, la OMS plantea una serie de recomendaciones: integrar a refugiados y migrantes en todas las políticas, estrategias y planes nacionales de salud; reforzar la recogida y el uso sistemático de datos desglosados sobre la salud de la población migrante; coordinar las actuaciones entre distintos sectores, como sanidad, vivienda, educación, empleo y protección social; y ajustar las intervenciones a las necesidades concretas de cada subgrupo de migrantes.
Asimismo, el organismo insta a garantizar la participación activa de refugiados y migrantes en la planificación, la gobernanza y el diseño y prestación de los servicios; a formar al personal sanitario para asegurar una atención equitativa; a combatir la desinformación y la discriminación mediante acciones basadas en evidencias; y a salvaguardar y ampliar la financiación destinada a estas políticas, con el objetivo de consolidar los avances logrados en beneficio del conjunto de la población.