La coordinación entre los ámbitos sanitario y social en la atención a las enfermedades crónicas figura en la mayoría de las estrategias autonómicas, pero gran parte de las comunidades carece de una partida económica diferenciada para desplegar de forma real esta atención sociosanitaria integrada. Además, solo alrededor de la mitad revisa y mide de manera sistemática las actuaciones que ya tiene en marcha, según el informe 2025 del Observatorio de la Atención al Paciente (OAP).
“El objetivo de este año era profundizar en la situación y retos de la coordinación e integración asistencial en el contexto de la atención a pacientes crónicos en España, e identificar las herramientas y buenas prácticas necesarias para alcanzar la integración de la atención sanitaria y social”, ha explicado este lunes el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Pedro Carrascal, en la presentación del documento “Atención integrada de la cronicidad en España: Situación, herramientas y retos de la integración sanitaria y social”.
El trabajo se apoya en una encuesta dirigida a las Consejerías y Departamentos de Salud de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en la que finalmente respondieron 15 CCAA y las dos ciudades autónomas. Para definir los elementos clave de la coordinación sociosanitaria y de la integración sanitaria y social, con especial atención a la cronicidad, se contó también con el apoyo del Comité Asesor del OAP.
El documento refleja que la atención a la cronicidad forma parte de la planificación sanitaria autonómica, aunque con grados de avance muy dispares. De las 17 CCAA participantes, 11 disponen ya de una estrategia o plan específico de cronicidad, mientras que las demás han optado por incluirla dentro de sus marcos de planificación general. Entre las regiones que aún no han aprobado un plan propio, todas salvo dos contemplan ponerlo en marcha en el corto o medio plazo.
“Cuando hablamos de si la integracion sanitaria y social es prioritaria en los planes, vemos más diferencias”, ha puntualizado Carrascal. Ocho comunidades autónomas la recogen como línea estratégica prioritaria y siete la integran de forma transversal; sin embargo, únicamente cuatro CCAA han reservado una dotación presupuestaria concreta para este ámbito y solo siete revisan de forma sistemática la implementación de sus medidas de integración.
En relación con la atención centrada en la persona, el informe concluye que está incorporada en todos los modelos autonómicos, aunque de forma “heterógenea”. Al detallar las iniciativas, seis CCAA declaran tener “plenamente” asumido el diseño de planes de atención personalizados; dos, la participación de pacientes y cuidadores en decisiones clínicas, aunque hay seis que refieren “bastante” integración; dos, la inclusión de la perspectiva del paciente en la planificación; tres, la valoración de preferencias, valores y objetivos del paciente; y tres, la evaluación sistemática de la experiencia del paciente.
La coordinación entre los sistemas sanitario y social está presente en todas las autonomías consultadas. Entre los instrumentos utilizados destacan los espacios formales de colaboración entre consejerías —comisiones, grupos de trabajo o protocolos conjuntos—, seguidos de protocolos específicos y de canales de comunicación estructurados entre ambos sistemas.
Con todo, el retraso en innovación tecnológica y la insuficiente evolución de los sistemas de información actúan como freno tanto para la integración real como para la equidad territorial. Las herramientas digitales más extendidas para facilitar la coordinación entre el sistema sanitario y el social, tanto en Atención Primaria como en el entorno hospitalario, son la historia clínica interoperable con los servicios sociales y las plataformas digitales compartidas, presentes en diez comunidades en ambos casos.
El informe subraya también el papel central de los trabajadores sociales, muy asentados en los modelos de atención integrada tanto en Atención Primaria como en los hospitales: 11 autonomías señalan que están “totalmente” integrados. En cambio, otras figuras como los enfermeros gestores de casos, los coordinadores sociosanitarios o los agentes de salud, tanto en el ámbito hospitalario como en Primaria, no alcanzan el mismo grado de implantación.
Como cierre, el documento recoge varias recomendaciones del Comité Asesor para avanzar en la integración sanitaria y social. Entre las prioridades se sitúan asegurar un marco normativo claro y una redistribución adecuada de la financiación, reforzar la interoperabilidad de los sistemas de información y de los órganos de coordinación, proporcionar formación continuada a los profesionales en atención integrada e impulsar la implicación activa de las organizaciones de pacientes y del tercer sector.
Ir de la mano de los pacientes
Tras la presentación del informe se celebró una mesa redonda con la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute; el viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro; y la presidenta de la POP, Carina Escobar.
Los tres coincidieron en la necesidad de que los pacientes participen en las decisiones políticas que les afectan, ya que, según remarcaron, esto permite “poner el foco en lo realmente importante” y que el proceso asistencial “sea mucho mejor”. En este sentido, Carina Escobar expresó la voluntad de la POP de participar, cooperar y “ser un agente más” dentro del sistema sanitario y social.
Escobar recordó que la cronicidad “no es el futuro, es el presente” y que vivimos un momento “de transformación” y “de oportunidades” que debe aprovecharse para ofrecer una atención a las personas en todas sus dimensiones, desde una mirada biopsicosocial.
Por su parte, Fátima Matute subrayó que “el dato tiene que seguir al paciente”, tanto el sanitario como el social, y defendió que el sistema no solo necesita profesionales clínicos, sino también perfiles no sanitarios, como gestores de datos o ingenieros. Asimismo, reclamó una historia única interoperable entre los sistemas sanitario y social y una desburocratización de los procedimientos que los haga más sencillos para los pacientes.
En cuanto a Nicolás Navarro, insistió en la obligación de avanzar para asegurar esa integración social y sanitaria. “Eso va a garantizar una mejor calidad de vida de los pacientes”, ha subrayado. Además, reclamó facilitar el acceso de los pacientes a los fármacos, incluidos aquellos que aún se encuentran en investigación o pendientes de autorización de comercialización, y pidió que la sanidad esté menos politizada.