Ofelia de Lorenzo, presidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), ha solicitado un impulso significativo en la gobernanza jurídica internacional en el ámbito de la salud pública, destacando la importancia de este fortalecimiento en un contexto de crisis sanitarias, emergencias climáticas y desigualdades continuas en el acceso a los servicios de salud.
Durante el 29 Congreso Mundial de Derecho Médico, organizado por la Asociación Mundial de Derecho Sanitario (WAML) en Estambul, Turquía, De Lorenzo apeló a una mayor colaboración entre naciones mediante la armonización de normativas y el establecimiento de marcos legales robustos que aseguren una actuación coordinada, justa y efectiva frente a estos desafíos.
La AEDS promueve un tratamiento multidisciplinar del Derecho Sanitario que amalgama el conocimiento jurídico con la medicina, la bioética, la salud pública y la administración institucional.
Como representante de España en la WAML, De Lorenzo ha propugnado por el diálogo y el balance entre derechos y obligaciones con sostenibilidad, buscando desarrollar sistemas de salud más seguros, resilientes y centrados en el humano.
Además, De Lorenzo compartió con los asistentes su perspectiva de un derecho sanitario humanista que potencie la seguridad del paciente sin depender «sistemáticamente» de procesos judiciales, favoreciendo en cambio el aprendizaje y la confianza mediante mecanismos de mediación o conciliación para la gestión de errores médicos.
Resaltó la alineación de estas iniciativas con los objetivos de salud globales y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030, lo cual facilitaría manejar daños de manera efectiva y restablecer la confianza entre profesionales y pacientes.
De Lorenzo también señaló la importancia de la Ley Orgánica 1/2025 en España, que implementa medidas para incrementar la eficiencia del Servicio Público de Salud, como un elemento catalizador para una gestión más moderna y equitativa de los conflictos en la salud. «La participación en este congreso es, sin duda, una oportunidad única para situar la experiencia española en el mapa jurídico sanitario internacional, aprender de otros sistemas y fortalecer alianzas que permitan afrontar juntos los retos globales de la salud», concluyó.