El Consejo General de Dentistas de España reclama conocer con detalle los criterios objetivos que llevaron a que Vivanta fuera rescatada como empresa “estratégica” con 40 millones de dinero público y las razones por las que se le han otorgado prórrogas hasta 2028 “que ningún autónomo o pequeña clínica ha tenido a su alcance”.
A finales de 2021, esta red de clínicas odontológicas, controlada por un fondo de capital riesgo, solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un préstamo de 40 millones de euros. El Gobierno dio luz verde a la operación al considerar a Vivanta una compañía estratégica, aunque nunca se han hecho públicos los elementos concretos que sustentaron dicha calificación.
El Consejo General de Dentistas ya manifestó entonces su rechazo a este rescate, al entender que suponía un agravio comparativo frente a miles de clínicas dentales que, con sus propios recursos y asumiendo más endeudamiento, continuaron prestando atención sanitaria durante la crisis derivada de la pandemia sin acceso a ayudas similares.
En mayo de 2023, el Consejo General de Transparencia estimó el recurso interpuesto por el Consejo General de Dentistas contra la resolución de la SEPI que denegaba el acceso a todos los informes y documentos utilizados para declarar a Vivanta como empresa “estratégica”.
“Es decir, Transparencia consideró “innegable” el elevado interés público en conocer la justificación de estas ayudas públicas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda (al que pertenece la SEPI) recurrió esta decisión y, por ahora, no hay sentencia al respecto”, explican desde la organización colegial, que sigue a la espera de que se pronuncien los tribunales.
Paralelamente, Vivanta cerró un acuerdo con la SEPI para aplazar hasta julio de 2028 la devolución del rescate financiero de 40 millones de euros recibido en 2022. “De nuevo, una clara situación de privilegio de Vivanta frente a otras empresas y autónomos que no recibieron ningún tipo de ayuda estatal y que tuvieron que recurrir a préstamos privados con condiciones mucho más exigentes. Por ello, el Consejo General de Dentistas insiste en conocer el porqué de esta decisión”, añaden.
La organización colegial subraya que su personación en estos procedimientos “no es simbólica”, recuerda, “es un compromiso con los pacientes afectados y con la dignidad de la profesión. Por tanto, seguirá exigiendo responsabilidades hasta el final en ambos casos”.
Hasta la fecha, la actuación del Consejo ha sido “firme y continuada” desde el primer momento. Está personado ante la Audiencia Nacional como acusación popular para ayudar a esclarecer los hechos; ha coordinado actuaciones con los Colegios Oficiales de Dentistas de todo el país; ha difundido información con pautas para los pacientes afectados; y ha trasladado a las autoridades sanitarias y de consumo la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre determinadas estructuras empresariales dentro del ámbito sanitario.