El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha reclamado en el Congreso de los Diputados que se respete de forma estricta la normativa que fija la separación entre la prescripción y la dispensación de fármacos de uso veterinario. A su entender, esta división de tareas garantiza la independencia del profesional frente a presiones comerciales y salvaguarda la salud animal con las mismas garantías que se exigen en el ámbito de la salud humana.
“Una separación de funciones que es garantía de independencia profesional y de protección de la salud de los animales y las personas frente a intereses económicos. Esta separación no es un formalismo, es un pilar básico del ordenamiento jurídico que garantiza que quien decide el tratamiento lo hace sólo y exclusivamente en función del criterio científico y clínico, no de un beneficio económico o de una disponibilidad limitada de medicamentos”, ha manifestado Aguilar.
Durante su intervención de este miércoles en la Subcomisión para el estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español, Aguilar ha recordado que en los últimos meses algunos colectivos han puesto en cuestión el Real Decreto 666/2023, “una norma concebida para reforzar la seguridad y el control en la prescripción y dispensación de antibióticos veterinarios, en línea con la estrategia nacional y europea frente a las resistencias antimicrobianas”.
La aplicación de este Real Decreto introdujo, entre otras obligaciones, que el veterinario deba comunicar todas las recetas de antibióticos veterinarios al sistema PRESVET. Este mecanismo de control ha puesto de manifiesto que la figura de la cesión de medicamentos, que legalmente permite entregar fármacos sólo para un uso muy restringido y sin ánimo de lucro, “no se estaba utilizando como herramienta excepcional, sino como práctica reiterada e incompatible con la ley”.
En cuanto a la modificación del RD 666/2023 que estudia el Ministerio de Agricultura, el máximo representante del Consejo General ha indicado que comparten los cambios dirigidos a reforzar la seguridad jurídica de la prescripción, pero rechazan “frontalmente” que se toque un “principio básico” del marco legal que evita conflictos de interés y que “iría en contra de lo que establece la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos”.
Al mismo tiempo, ha insistido en que el verdadero problema radica en la escasa adaptación de los medicamentos veterinarios a las pautas posológicas habituales. “Enfoquemos el problema donde está, y no rompamos un modelo garantista que funciona”, ha señalado.
En este sentido, ha pedido que la industria farmacéutica veterinaria comercialice envases ajustados a las dosis y duraciones de tratamiento más frecuentes. Muchos de estos formatos ya cuentan con autorización de la AEMPS, pero los laboratorios no los han llevado al mercado.
Según ha detallado, en la actualidad el 70 por ciento de las recetas de antibióticos veterinarios para animales de compañía se concentran en tres principios activos (amoxicilina, metronidazol y doxiciclina), lo que, a su juicio, pone en riesgo la salud pública y favorece la aparición de resistencias.
Del mismo modo, ha recalcado que “es imposible que una clínica veterinaria disponga de todo el arsenal terapéutico -que sin embargo sí puede tener una farmacia-, en todas sus formulaciones y vías de administración, para poder responder adecuadamente a las necesidades de cada animal en cada caso”.
También ha destacado que las clínicas veterinarias concentran el 77 por ciento del mercado de medicamentos veterinarios, más de 392 millones de euros, de acuerdo con datos de AMVAC (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía), pese a que la legislación sólo permite la entrega de estos fármacos sin ánimo de lucro y con carácter excepcional.
Respecto al marco europeo, Aguilar ha puntualizado que “España aplica la normativa comunitaria exactamente igual que el resto de los Estados miembros, tanto en prescripción como en la trazabilidad de antimicrobianos. Hay países donde el suministro directo existe, sí, pero ninguno de ellos tiene un sistema de trazabilidad, farmacovigilancia y control comparable al español”.
No existe un problema de acceso a los antibióticos veterinarios
Además, el presidente del Consejo General ha defendido que no hay un problema de acceso, ya que “la distribución farmacéutica cuenta con el 97 por ciento de los antibióticos veterinarios que pueden ser dispensados en una farmacia, es decir, prácticamente la totalidad”.
“Sin embargo, la mitad de las presentaciones comercializadas de antibióticos veterinarios no están adaptadas para poder ser dispensadas por las farmacias. El problema está aquí, con formatos de centenares de cápsulas o comprimidos, completamente alejados de las pautas posológicas. Casi el 20 por ciento de las presentaciones comercializadas de antibióticos no cuenta con ningún envase pequeño ajustado, a pesar de existir formatos autorizados por la AEMPS, pero que no se comercializan por los laboratorios responsables”.
En paralelo, ha pedido “erradicar las prácticas irregulares con medidas de inspección y control que eviten el uso fraudulento de la figura de la cesión y la venta encubierta de medicamentos” en las clínicas veterinarias, ya que, según ha advertido, estas actuaciones generan opacidad y sobrecostes para los propietarios de los animales.
Por último, ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, ha remarcado que “defender que los medicamentos veterinarios se dispensen exclusivamente por un farmacéutico no es defender un colectivo: es defender la salud pública, la seguridad del medicamento, la transparencia para el ciudadano y la prevención de resistencias antimicrobianas”.