La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha enviado este martes una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le recuerda que el papel de mediador en la huelga médica para el Estatuto Marco propio por parte de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) no cuenta con el aval mayoritario de las comunidades autónomas y subraya que, si no es capaz de encauzar el conflicto, debería presentar su dimisión.
Matute se refiere a la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrada el pasado viernes y dedicada en exclusiva a la huelga médica, en la que el Ministerio de Sanidad aceptó incorporar una figura de mediación independiente en el conflicto.
Se trata de una instancia de mediación entre el Ministerio y el Comité de Huelga que “sea reconocida por todas las partes”, según las palabras de Mónica García, con el fin de avanzar en los puntos de negociación ya pactados y tratar de frenar la huelga. La ministra explicó que las comunidades autónomas plantearon que fuera una organización de pacientes, ya que son ellos “los que están sufriendo las consecuencias”.
En un primer momento, el Ministerio había propuesto al Foro de la Profesión Médica como mediador, al considerar que dispone del conocimiento técnico y jurídico adecuado sobre las reclamaciones planteadas. Tras el encuentro, no obstante, Sanidad avanzó que sugeriría al Comité de Huelga la participación de la organización de pacientes propuesta por varias consejerías de Sanidad.
García confía en que en la próxima reunión con el Comité de Huelga, prevista tras Semana Santa, se logre rebajar la tensión y continuar la tramitación tanto del Estatuto Marco como del resto de demandas de los médicos, con la vista puesta en evitar la nueva huelga médica anunciada a partir del 27 de abril.
En la misiva enviada este martes, la titular madrileña de Sanidad recalca que en la reunión del CISNS del pasado viernes “en ningún momento se acordó que dicha mediación se estableciera en los términos” defendidos por la ministra. En esta línea, incide en que la propuesta de implicar a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes “fue formulada por un número muy reducido de consejeros -dos o tres-, sin contar con el respaldo mayoritario del Consejo”.
“Ello no es óbice para reconocer la importante labor que esta organización desarrolla en la defensa de los derechos de los pacientes y su contribución a la mejora del sistema sanitario”, matiza a continuación la consejera madrileña.
Un coste de 11 millones y miles de citas suspendidas
En la misma carta, la responsable de la Sanidad madrileña sostiene que es responsabilidad directa de la ministra encontrar una salida que ponga fin a una huelga con consecuencias “extremadamente graves”. En el caso de la Comunidad de Madrid, recuerda que el impacto económico asciende a 11 millones de euros.
Durante los paros, que se han desarrollado una semana en febrero y otra en marzo, se han cancelado 142.462 consultas, 6.952 intervenciones quirúrgicas y 14.489 pruebas diagnósticas en la sanidad madrileña. “Pero más allá de las cifras, hablamos de pacientes que esperan, de profesionales al límite y de un sistema tensionado como no lo había estado en años”, expone Matute en su escrito.
La consejera atribuye de forma directa a la ministra la responsabilidad de estos paros por su gestión al frente del departamento, con “evidencia” de “un problema de liderazgo y de capacidad de negociación” por parte de García. “Resulta difícil de comprender que, a estas alturas, no haya sido capaz de sentarse de manera efectiva con los profesionales médicos y facultativos para alcanzar una solución. No estamos ante un desacuerdo técnico, sino ante un conflicto mal gestionado desde su origen”, critica.
Desde la Consejería de Sanidad madrileña, según traslada Matute, no se respaldarán “maniobras que desvíen el foco del problema o que pretendan diluir responsabilidades”. En este contexto, insiste en reclamar la suspensión “inmediata” de la tramitación del Estatuto Marco “mientras se abre una negociación real, seria y con garantías”.
La consejera vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una financiación finalista “para cualquier modificación normativa de este alcance” y de incorporar al proceso a los ministerios de Hacienda, Función Pública y Trabajo, cuya ausencia considera “incomprensible” y “evidencia más de la improvisación con la que se ha abordado esta reforma o lo que es peor la falta de apoyos que tiene en su gobierno”.
Exigencia de un marco específico y petición de dimisión
En este marco, Matute insiste en que corresponde a la propia ministra “asumir su responsabilidad” y reconocer la singularidad de la profesión médica, e insta a la titular de Sanidad a poner en marcha un espacio de negociación “específico, directo y vinculante”.
“Hacerlo no divide, no confronta y no excluye: fortalece el sistema y respeta a quienes lo sostienen. Todas las categorías profesionales son valiosas e imprescindibles para que funcionen nuestro sistema sanitario y ninguna de ellas ha de perder sus derechos. Lo que sí divide es persistir en el error. Lo que sí perjudica es prolongar un conflicto que está dañando a pacientes y profesionales cada día que pasa”, argumenta la consejera madrileña.
Para Matute, si la ministra no está dispuesta a dar ese paso o ha perdido la confianza de los interlocutores con los que debe negociar, debería actuar en consecuencia y dejar el cargo. “El sistema sanitario no puede permitirse más tiempo perdido”, concluye.