Según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares encabezan la lista de comunidades autónomas con un proceso acelerado de privatización sanitaria en España. Este análisis, que es la 11ª edición, fue divulgado recientemente y estudia la evolución desde 2014.
«En estos 11 años hemos podido constatar una realidad que es bastante preocupante, la privatización no ha dejado de crecer, tanto en la provisión como en la financiación de los servicios sanitarios y esto obviamente afecta de manera directa a la equidad y a la calidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud», explicó Sergio Fernández, secretario de organización de la FADSP.
El informe destaca que la privatización ha aumentado un 31 por ciento desde 2014, alcanzando un promedio de 21,3 puntos sobre 34 posibles en 2025. Aunque algunas comunidades presentan índices más bajos, la tendencia general muestra un aumento de los recursos públicos destinados al sector privado.
Las comunidades de Canarias, Madrid y Baleares, junto con Cataluña, lideran este ranking, mostrando los mayores índices de privatización. «Ninguna, absolutamente ninguna, se libra del problema», señaló Fernández, aludiendo a una tendencia común entre todas las regiones.
«Madrid representa el ejemplo más extremo y persistente de las políticas privatizadoras en España, con consecuencias, por desgracia, visibles, que son incremento de las desigualdades, más gasto de bolsillo en la ciudadanía y una accesibilidad más difícil a la atención sanitaria pública», detalló Fernández, quien también mencionó que la privatización no es inevitable y es resultado de políticas específicas.
El reporte señala un aumento significativo en comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, y resalta la falta de transparencia en la gestión de la información que dificulta el análisis profundo de este fenómeno. «(La privatización) Es un proceso que destruye el sistema sanitario público, que destruye no solamente por falta de recursos sino por abandono de las estructuras de gestión», concluyó Aranda.