Más de dos millones de personas mayores de 65 años en España se encuentran en riesgo de sufrir pobreza visual, al no poder afrontar con holgura el desembolso que supone comprar gafas. Según un informe de Visión y Vida, el coste de estos productos puede llegar a representar entre el 30 y el 50 por ciento de la pensión mensual de muchos jubilados.
El presidente de la entidad, Salvador Alsina, ha aseverado que esto supone un “gasto imposible” para numerosos hogares y ha reclamado al Gobierno una “cobertura estructural” que garantice la atención visual de adultos y personas mayores. El estudio “Pobreza visual en la tercera edad” se ha presentado este jueves con el apoyo de Correos Express y de la asociación Acción Visión España.
El documento recuerda que en España viven más de 10 millones de personas mayores de 65 años, casi una de cada cinco. De ellas, más de 8,3 millones necesitan gafas (82,4%), aunque solo 6,6 millones perciben una pensión, con una renta media de 1.566,81 euros, que desciende a 937 euros en el caso de las pensiones de viudedad. La organización sitúa el precio medio de las gafas necesarias en 495 euros.
Con estas cifras, el estudio concluye que la compra de unas gafas puede llegar a absorber hasta la mitad de la pensión de un jubilado. “Si añadimos el hecho de que el 60 por ciento de la pensión ya se deriva a gastos básicos, como comida y vivienda, vemos cómo la adquisición de esta herramienta imprescindible para disfrutar de buena calidad de vida supone un quebranto real para muchas personas”, señala el informe.
Para estimar los 2,1 millones de mayores en riesgo de pobreza visual, Visión y Vida ha aplicado la tasa AROPE, que sitúa en el 25,7 por ciento a la población en riesgo de pobreza en España, aunque advierte de que existen diferencias notables entre comunidades autónomas.
Así, Andalucía (con una tasa del 34,7%), Castilla-La Mancha (34%) o la Región de Murcia (32,5%) se sitúan por encima de la media nacional. En el extremo contrario, País Vasco (14,7%), Islas Baleares (15,2%) o Navarra (16,5%) registran niveles sensiblemente inferiores.
La entidad alerta de que retrasar la revisión de la vista o acostumbrarse a ver peor repercute de forma directa en la calidad de vida de las personas mayores, incrementando el riesgo de pérdida de autonomía, caídas, aislamiento social y dependencia.
“Sabemos que existen ayudas, tanto nacionales como locales y regionales, y que la Ley de Dependencia cubre algunos casos, pero necesitamos ofrecer a adultos y mayores una cobertura estructural que les garantice programas de prevención, la integración de la visión en las políticas de envejecimiento activo, información y accesibilidad para las soluciones y, en caso de necesidad, cuentan con la ayuda económica necesaria para disfrutar de buena visión, como pasa ya con el Plan VEO y los menores de 16 años”, ha resaltado Alsina.