Médicos del Mundo ha difundido este miércoles una carta abierta, respaldada por más de un millar de profesionales de la sanidad, en la que reclama a los miembros del Parlamento Europeo y del Consejo que tumben la propuesta de reglamento sobre deportaciones de migrantes, al considerar que supondría un grave riesgo para la salud pública.
La ONG manifiesta su honda inquietud ante el proyecto de reglamento de retorno, cuya votación está prevista para este jueves y que, de salir adelante, endurecería las redadas policiales, la detención y la expulsión de personas migrantes en situación administrativa irregular en la UE, hasta el punto de que servicios públicos como los hospitales podrían transformarse en espacios de control migratorio.
El texto recuerda que, en la actualidad, el temor a ser localizadas y deportadas ya empuja a muchas personas sin papeles a posponer o renunciar a acudir a los servicios sanitarios, lo que deriva en patologías más graves, tratamientos más costosos y un incremento de los riesgos para la salud colectiva.
En esta línea, la organización alerta de que la nueva norma profundizaría ese escenario. "Este reglamento corre el riesgo de crear un clima de miedo que alejará a las personas de los servicios sanitarios, con graves consecuencias tanto para los individuos como para los sistemas de salud pública en su conjunto", ha advertido la vocal de Migraciones de Médicos del Mundo, Eva Compes.
Los y las profesionales de la salud subrayan además que la iniciativa legislativa "amenaza" la ética médica, especialmente la obligación de salvaguardar la confidencialidad de los pacientes, ya que podría abrir la puerta al intercambio de datos personales sensibles, incluida información clínica, e incluso a que se obligue a comunicar a las autoridades la situación irregular de algunas personas.
"Nos negamos a convertirnos en instrumentos del control migratorio", sostienen en la carta, enfatizando que su compromiso profesional es "proteger la salud de todas las personas que necesitan atención, independientemente de su situación administrativa".
El escrito incide en que la extensión de la detención migratoria puede traducirse en un aumento del riesgo de enfermedades infecciosas, un fuerte deterioro de la salud mental y dolencias crónicas de por vida. Asimismo, pone el foco en los planes para implantar centros de deportación fuera del territorio de la UE, donde las garantías de acceso a la atención sanitaria y de respeto a los derechos fundamentales serían muy limitadas.
"Como profesionales de la salud y organizaciones que prestan asistencia sanitaria en situaciones de crisis, no podemos aceptar la creación de un sistema que divide a las personas entre quienes merecen acceso a la salud y quienes no", concluye la misiva.