QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. A esta protesta se han adherido otras organizaciones sindicales con el objetivo de mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) planteado por el Ministerio de Sanidad.
Tras casi tres años de conversaciones y más de 60 reuniones entre Sanidad, los sindicatos y los comités de huelga, las partes no han conseguido cerrar un consenso satisfactorio sobre la reforma de una norma en vigor desde 2003.
El Comité de Huelga de CESM y SMA avanza que se celebrarán concentraciones en todas las comunidades autónomas. En Madrid, la protesta se iniciará el martes 9 de diciembre a las 10.00 horas con una manifestación que partirá del Congreso de los Diputados y terminará ante la sede del Ministerio de Sanidad.
Entre las principales reclamaciones, las organizaciones médicas reclaman un Estatuto Marco específico para el colectivo, al entender que el capítulo particular que propone Sanidad resulta insuficiente. Sostienen que esta demanda se apoya en la necesidad de disponer de un Ámbito de Negociación propio y de contar con interlocutores diferenciados frente a la Administración.
Los sindicatos también rechazan la propuesta de clasificación profesional. Denuncian que el Ministerio mantiene su negativa a separar en grupos distintos a titulados MECES III y MECES II, “de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos”, añaden.
El colectivo médico considera que el nivel de responsabilidad no se tiene en cuenta en la ordenación de los grupos. Asimismo, remarcan que no se prevé modificar el EBEP para introducir una distinción dentro del grupo A para los MECES III mediante la creación del grupo A1+, “con las consecuencias retributivas que ello conlleva”.
Respecto a la jornada de guardias, los sindicatos critican que no se califique como actividad extraordinaria ni se asegure una remuneración superior a la de la hora ordinaria. “La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las ‘necesidades del servicio’ sigue vigente a pesar de todo”, critican.
Además, alertan de que la movilidad forzosa continúa contemplada en el nuevo Estatuto Marco y expresan su rechazo al régimen de incompatibilidades, que califican de “discriminatorio”.
Huelga indefinida de sanitarios desde el 27 de enero
De forma paralela, las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde- anunciaron el jueves la convocatoria de una huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios a partir del 27 de enero, y cada martes, en respuesta a la negativa del Ministerio de Sanidad a pactar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales del personal.
“El Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo para aprobar un Estatuto Marco en el que tengan cabida todos los profesionales. Después de casi tres años de negociaciones, Sanidad no tiene intención de acordar un Estatuto Marco justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores, sin privilegios entre colectivo profesionales”, señalaba la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell.
Estos sindicatos sostienen que las retribuciones básicas deben ir ligadas al nuevo esquema de clasificación del personal del Sistema Nacional de Salud. También reclaman que la norma siente las bases de una jornada laboral “digna y adecuada”, que permita conciliar la vida familiar y profesional, junto con otros elementos vinculados a esta cuestión central en las relaciones laborales, y que se habilite el acceso voluntario a la jubilación anticipada y parcial.
Sanidad defiende que el borrador ya recoge las demandas de su competencia
El Ministerio de Sanidad, por su parte, sostiene que el borrador del nuevo Estatuto Marco ya incorpora todas las reivindicaciones que entran dentro de su ámbito competencial. Subraya que estas aportaciones se han incluido tras un proceso de diálogo técnico y político con más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros agentes implicados.
Sanidad afirma que se ha llegado al máximo desarrollo posible dentro de los límites de una ley básica estatal, “articulando un marco común respetuoso con las competencias autonómicas”. Avisa de que bloquear su aprobación por cuestiones ajenas a ese marco supondría perder una “oportunidad histórica” de actualización normativa, pendiente desde hace veinte años.
El departamento recuerda que, como ley básica, el Estatuto Marco no puede invadir competencias de las comunidades autónomas: “El Estatuto Marco debe respetar que la organización y gestión concreta de los servicios sanitarios corresponde a las CCAA. No puede detallar aspectos operativos de gestión interna, porque sería inconstitucional”, explica.
Del mismo modo, remarca que las retribuciones específicas (complementos, cuantías de guardias, nocturnidad, etc.) dependen de cada servicio de salud y de la Ley de Presupuestos, por lo que el Estatuto Marco no puede fijar importes concretos. Añade que tampoco puede otorgar jubilación anticipada, dado que esta competencia corresponde en exclusiva a la Seguridad Social. “El Estatuto Marco solo puede remitir al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo que regula los coeficientes reductores”, añade.
Según el Ministerio, tampoco entra dentro de sus atribuciones gestionar la distribución específica de turnos y guardias, garantizar por sí mismo la reducción de la temporalidad ni detallar en exceso el contenido de la norma.
“La continuidad del proceso legislativo y su tramitación parlamentaria permitirán seguir incorporando aportaciones constructivas, siempre dentro del respeto al reparto constitucional de competencias”, finaliza Sanidad.
