El Ministerio de Sanidad está dando los últimos toques al Real Decreto (RD) de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, con el objetivo de lograr una financiación de medicamentos más transparente y libre de sesgos, para lo cual la normativa controlará, entre otros aspectos, la implicación de profesionales que reciben pagos de la industria farmacéutica en los procesos de evaluación.
Así lo confirmó este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, mediante una declaración en la plataforma ‘X’. Su equipo lanzó un borrador del proyecto de este RD en agosto del año anterior y, actualmente, están finalizando los detalles para enviarlo al Consejo de Estado, informaron fuentes del Ministerio a Europa Press.
El proyecto, además, establece la inclusión de pacientes y profesionales de la salud en la evaluación de las tecnologías sanitarias. Según se destaca, todos los involucrados en el ‘Sistema para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias’ actuarán de manera independiente, imparcial y transparente.
Se establece que los participantes no deben tener intereses económicos o de otro tipo en la industria de tecnologías sanitarias que puedan comprometer su independencia o imparcialidad. Se considerará conflicto de interés cualquier actividad de asesoramiento a la industria farmacéutica.
Además, todos los participantes deberán declarar sus intereses económicos y actualizarlos anualmente o cuando sea necesario, registrando cualquier circunstancia que pueda representar un conflicto de intereses.
EN EL BOE A LA VUELTA DE VERANO
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Sistema Nacional de Salud (SNS), indicó durante un Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid organizado por Roche que se espera que el RD se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al finalizar el verano.
Este RD regula la evaluación de diversas tecnologías sanitarias, incluyendo medicamentos, procedimientos médicos y otros productos relacionados con la salud. La norma se alinea con el Reglamento europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), vigente desde el 12 de enero, con el propósito de asegurar un acceso equitativo y eficiente a estas tecnologías en toda la Unión Europea.
Además, se introducirá un período de 180 días desde la autorización de un medicamento hasta la decisión sobre su financiación, un plazo que, según Hernández, será igual para todos y requerirá una resolución que podría ser positiva o negativa.