Este martes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado que se ha cursado un requerimiento oficial a las comunidades autónomas dirigidas por el PP. El objetivo es que estas entreguen, en un término de un mes, los datos relativos a los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.
“El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple”, explicó García en la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros.
El Ministerio de Sanidad ha reiterado la petición hecha anteriormente por el secretario de Estado de Sanidad para que se envíen los indicadores acordados en el Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud. Si aún no se dispone de todos los indicadores, se solicita que se envíe al menos la información disponible hasta ahora, o aquellos indicadores que se usan actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribado.
Este requerimiento se enmarca dentro del artículo 44 de la Ley 29/1998, como medida previa ante posibles incumplimientos en la entrega de información crucial para la vigilancia en salud pública. Si la información no es recibida, el siguiente paso será presentar un recurso contencioso-administrativo, amparándose en varias leyes que obligan a las administraciones a cooperar y facilitar la información necesaria para la vigilancia y coordinación en salud pública.
“Y esto lo hacemos amparándonos en diferentes leyes, como la Ley General de Sanidad; la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley General de Salud Pública”, indicó García. Además, destacó que otras comunidades autónomas ya han enviado los datos o están en proceso de hacerlo, y criticó la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla, instando a la Junta de Andalucía a “abandonar su soberbia” y “asumir su responsabilidad”.
Finalmente, García ha recordado a la Comunidad de Madrid que le quedan dos semanas para enviar el registro de objetores de conciencia, tras otro requerimiento formal. “Le recuerdo que en los plazos establecidos le quedan dos semanas a la señora Ayuso para remitirnos el registro de esos objetores de conciencia”, enfatizó, advirtiendo sobre las acciones legales que se iniciarán si no se reciben los datos.