La ministra de Sanidad, Mónica García, ha declarado recientemente en Bruselas la necesidad de presionar a las comunidades autónomas dirigidas por el PP para la aprobación de un Protocolo Común contra la gripe, la COVID y otras infecciones respiratorias. García señaló que fue imprescindible “obligarlas” a sumarse a estas medidas.
“Este año hemos tenido que ejercer presión sobre las comunidades del PP para que acepten un protocolo común que es esencial para enfrentar conjuntamente la epidemia de gripe… y asegurar que todas las comunidades adopten las mismas medidas ante los mismos riesgos”, explicó García en el Parlamento Europeo.
Después de alcanzar el acuerdo, la ministra instó a las regiones a realizar un “esfuerzo extra” para contener el virus de la gripe. Recordó que el año pasado los virus respiratorios se cobraron 3.300 vidas, de las cuales 1.800 fueron a causa de la gripe. Con estas nuevas directrices, la ministra espera “minimizar todos los efectos de la epidemia” del presente año.
El Protocolo establece cuatro escenarios de riesgo que abarcan desde el uso de mascarillas en centros sanitarios hasta la sugerencia de teletrabajo y medidas excepcionales en casos de epidemia de alto nivel.
Se determinan cuatro niveles de riesgo basados en la transmisibilidad detectada, junto con la evaluación de otros indicadores y el análisis del impacto en los recursos sanitarios y en la población en riesgo. Estos niveles permiten ajustar las medidas a la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, fortaleciendo la capacidad de respuesta sanitaria y comunitaria.
Las medidas propuestas deben implementarse de manera escalonada e incremental, asegurando la aplicación de las recomendaciones en cada escenario, desde la situación interepidémica o basal, pasando por el nivel bajo o medio, hasta los niveles de epidemia alta y muy alta.
El documento especifica que el ámbito de aplicación es definido por la CCAA y los escenarios de riesgo son estimados por las regiones según la situación epidemiológica.