La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado una seria advertencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al subrayar que la negativa a poner en marcha el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) podría derivar en su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
“Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público”, ha señalado García durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Según ha explicado la ministra, las comunidades autónomas han ido avanzando en la implantación de este registro, con la única excepción de la Comunidad de Madrid. “Precisamente la comunidad donde el 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo siguen derivándose a clínicas privadas”, ha añadido.
Ante este escenario, García ha remarcado que el Ministerio de Sanidad ya ha puesto en marcha los instrumentos legales disponibles para asegurar la correcta aplicación de la norma. “Y eso es lo que explica la reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear su registro”, ha indicado.
En este contexto, la titular de Sanidad ha afeado a Díaz Ayuso que haya manifestado que su objetivo personal es no aplicar dicho registro. “Pues bien, el empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres”, ha apuntado.
“En España las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada quién. Se cumplen. Punto. Y las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan”, ha recalcado García, insistiendo en que la Comunidad de Madrid debe ajustarse a lo dictado por los tribunales.
Tras esta advertencia, García ha avanzado que en los próximos días el Ministerio remitirá una carta a todas las comunidades autónomas para recabar información pormenorizada sobre la organización de esta prestación sanitaria.
“Para conocer qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva”, ha detallado, dejando claro que el Gobierno pretende comprobar el grado de cumplimiento de la ley en todo el territorio.