La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha respaldado el recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por no haber entregado el registro de médicos objetores de conciencia al aborto, puesto que, según ha subrayado, “cuando una Administración da la espalda a las mujeres, el Gobierno tiene la obligación de actuar”.
A su entender, la negativa a cumplir la normativa se basa en “cuestionar la palabra de las mujeres, sembrar miedo, estigmatizar y hacer retroceder, los drechos que han costado décadas conquistar”. “Frente a esa ofensiva vamos a estar donde haga falta, también en los tribunales, defendiendo la libertad, la libertad de expresión y la libertad de expresión y la libertad de expresión”, ha indicado la ministra.
García ha remarcado además que el Ejecutivo regional ha dispuesto de tiempo suficiente para remitir el registro, al contar con “un margen suficiente para una cosa tan sencilla como es cumplir la ley y ha elegido no hacerlo”.
Por este motivo, ha insistido en que el registro de objetores, descrito como una herramienta “imprescindible” para asegurar el derecho del aborto”, “se tiene que cumplir de manera efectiva y sin obstáculos; y por eso el Ministerio de Sanidad siempre, siempre va a estar del lado de las mujeres”, ha concluido.