La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recalcado este jueves que la futura norma prevista para 2026, destinada a acotar la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, tiene como objetivo impedir un uso “espurio” de los fondos públicos. Sus palabras llegan tras la filtración de supuestas instrucciones de la dirección del Hospital de Torrejón, un centro de titularidad pública pero con gestión privada, en las que se indicaría ajustar las listas de espera o reutilizar material sanitario de un solo uso con el fin de incrementar los beneficios.
“Esto es lo que va a evitar la ley. Va a evitar un uso espurio de nuestra sanidad pública para el enriquecimiento de determinadas empresas”, ha señalado la titular de Sanidad en una entrevista en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, recogida por Europa Press. Durante su intervención, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y contra su consejera de Sanidad, Fátima Matute, a las que responsabiliza de mantener este modelo de gestión sanitaria.
La ministra ha explicado que, cada año, “miles y miles de pacientes” son derivados desde grandes hospitales públicos hacia centros privados con el fin de “engordar sus arcas”, un “tráfico” de enfermos que, según ha indicado, la nueva legislación pretende atajar de forma específica.
“Queremos evitar el lucro indecente que está basado en la salud y en la protección de la salud de nuestros ciudadanos”, ha remachado García al defender la necesidad de reformar el marco legal vigente.
En relación con las críticas de Fátima Matute, quien ha acusado al proyecto normativo de ir “contra la libertad de empresa” y “contra las competencias” de las comunidades autónomas, la ministra le ha pedido que se centre en reforzar la sanidad pública. A su juicio, en lugar de permitir que los usuarios sean “utilizados como herramienta para ganancias particulares” de compañías sanitarias privadas, las administraciones autonómicas deberían garantizar que la atención se presta con criterios de salud y no de rentabilidad.
El debate se enmarca en la controversia generada a raíz de la difusión de un audio del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que supuestamente anima a rechazar pacientes o procedimientos que no resulten rentables en el Hospital de Torrejón. A esta grabación se han sumado diversas denuncias sobre presuntas prácticas como la reutilización de material de un solo uso o la modificación del orden de prioridad de pacientes en el triaje de Urgencias.
Ante esta situación, García anunció el pasado domingo que el Gobierno derogará la ley 15/97, que actualmente permite la colaboración público-privada en la sanidad pública. En su lugar, el Ejecutivo prevé sacar adelante a comienzos de 2026 una nueva ley con la que pretende “blindar” el sistema sanitario frente al ánimo de lucro y limitar los márgenes de negocio en la gestión de servicios asistenciales.