QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado que el Gobierno tiene previsto derogar la ley 15/97, la norma que abrió la puerta a la colaboración público-privada en la sanidad pública. En su lugar, el Ejecutivo trabaja en un nuevo marco legal que se aprobaría a comienzos de 2026 y que pretende poner “coto” al ánimo de lucro y “blindar y proteger” el sistema sanitario frente a “fondos de inversión, al ánimo de lucro y la depredación”.
Según ha explicado, el texto en preparación será “una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud”. García remarca que no elimina por completo la colaboración entre lo público y lo privado, pero “no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro”, tal y como ha señalado este domingo en una entrevista en ‘El País’, recogida por Europa Press.
La titular de Sanidad reconoce que la futura norma “claramente” dejará fuera modelos como el de Alzira, Torrejón o la Fundación Jiménez Díaz, basados en seleccionar pacientes menos costosos para aumentar la rentabilidad. Confía en que el texto llegue pronto a la mesa del Ejecutivo: “Estamos ya ultimando y la vamos a llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene”, ha afirmado.
García sostiene que la colaboración público-privada se ha “pervertido” hasta convertirse en una fórmula “parásita”. En este contexto, anuncia que “vamos a abrir todos los frentes posibles. Vamos a ir a tanto como ministerio y como grupo político Más Madrid en la Comunidad de Madrid a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes, porque creemos que aquí hay un claro perjuicio en la salud de los pacientes”. Sus palabras llegan tras la información difundida esta semana por ‘El País’ sobre las órdenes del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en las que se pide rechazar pacientes o procedimientos no rentables.
La ministra también ha pedido explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que reclama que esclarezca lo sucedido. A su juicio, no se trata de un simple conflicto empresarial: “No, mire, señora, no somos tontos. Esto es una investigación profunda que tendría que hacerla si no fuera parte interesada”, ha subrayado.
En relación con las listas de espera, García apunta que la Comunidad de Madrid obtiene buenos datos en la parte quirúrgica, pero no así en las consultas, en las pruebas diagnósticas, ni en los tiempos de demora ni en el volumen de pacientes en espera, “porque esas dos listas no se pueden maquillar”. “Sabemos que en diciembre y en junio, que es cuando se publican esas listas, hay material con ingeniería estadística”, admite.
La ministra responsabiliza directamente al Gobierno de Ayuso del deterioro de los tiempos de atención en la sanidad pública madrileña. Asegura que, desde que la presidenta llegó a la Puerta del Sol, “las listas de espera de la sanidad pública no paran de crecer” y que “desde que está la señora Ayuso han crecido al doble: un millón de madrileños y madrileñas están esperando una prueba, un tiempo absolutamente inadmisible”. A su juicio, se trata de “un sistema bastante sencillo de concepto y bastante sofisticado de ejecución”.
García sostiene que se ha duplicado el número de personas que aguardan más de seis meses y que a estos pacientes se les ofrece, “a través de la supuesta libre elección”, acudir a centros como los hospitales de Quirón o al de Torrejón. “Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad”, ha denunciado.
