La ministra de Sanidad, Mónica García, arremetió este martes contra el líder de Vox, Santiago Abascal, al que definió como “xenófobo y racista” después de que este calificara de “crimen” la decisión del Gobierno de garantizar la asistencia sanitaria pública a personas migrantes en situación irregular. Frente a estas críticas, la titular de Sanidad replicó que “un crimen es dejar fuera de la asistencia sanitaria a pacientes”.
García defendió que “nuestro código deontológico nos impide dejar fuera a pacientes o no tratar a pacientes por su sexo, por su condición, por su origen o por su raza. Lo que es un crimen es lo que está haciendo el ICE en Estados Unidos o lo que hace el señor Netanyahu en Palestina. Eso sí que es un crimen”, afirmó en declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro sobre alimentación saludable en centros públicos.
La ministra subrayó que el objetivo del Ejecutivo es “proteger a la ciudadanía, proteger la salud de las personas y dar seguridad a los ciudadanos españoles” mediante medidas como el real decreto de universalidad aprobado por el Consejo de Ministros, que refuerza el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) para toda la población.
En este contexto, sostuvo que esta norma y otras iniciativas del Gobierno buscan hacer frente a las “medidas trumpistas” y “de la ultraderecha”, que, a su juicio, “vienen a traer el caos, la inseguridad y la incertidumbre”. “Creo que no nos merecemos estar en manos de señores de la guerra”, añadió.
Polémica por el Comité Clínico de aborto en la Comunidad de Madrid
En otro orden de asuntos, Mónica García cuestionó la reciente renovación del Comité Clínico para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de la Comunidad de Madrid, en el que se ha incorporado a tres hombres. “La noticia cae por su propio peso. Tres hombres decidiendo sobre si las mujeres podemos decidir sobre nuestra vida, nuestra maternidad y sobre nuestro propio cuerpo. Yo creo que está todo dicho”, recalcó.
Al mismo tiempo, celebró la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que obliga al Gobierno regional a poner en marcha los trámites para crear el registro de objetores de conciencia al aborto.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha adelantado que recurrirá este fallo, mientras que desde Génova la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Ester Muñoz, se ha mostrado “convencida” de que “acatará” la decisión judicial.
“Bueno, se tienen que poner de acuerdo. Básicamente lo que le dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que cumpla la ley, algo tan sencillo como que cumpla la ley, y supongo que habrá gente en su partido que le diga también que cumpla la ley”, apuntó la ministra de Sanidad al ser consultada sobre esta controversia.
Además, acusó a Ayuso de mantener una “guerra” contra las mujeres, el orden y la normativa vigente. Según García, “la señora Ayuso lo que está poniendo en jaque no solamente es el derecho de las mujeres a poder interrumpir voluntariamente su embarazo, está poniendo en jaque también el derecho que tienen los objetores a ser objetores de conciencia”.