La dirigente de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, señala que la industria del tabaco intenta ‘comprar influencia en los pasillos del poder y frenar reformas que salvarían miles de vidas’ mediante la contratación de antiguos altos funcionarios de diversos Gobiernos. Además, solicita una legislación que prohíba a estos exfuncionarios laborar en dicho sector por un periodo de hasta 10 años tras finalizar sus mandatos.
‘Estamos ante un escándalo democrático y sanitario. La industria del tabaco busca comprar influencia en los pasillos del poder y frenar reformas que salvarían miles de vidas para poder salvaguardar sus intereses comerciales y seguir vendiendo, a una muy alta rentabilidad, productos que matan y enferman. España necesita una ley de incompatibilidades contundente que blinde la política sanitaria frente a los intereses de una industria letal’, afirma en una declaración.
Fernández Megina destaca que estas contrataciones ocurren mientras el Ministerio de Sanidad y la Comisión Europea trabajan en reformas cruciales para el control del tabaco. Como ejemplo, menciona que ‘el caso más reciente es el de Rubén Baz Vicente, ex subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha sido nombrado responsable senior de Relaciones Institucionales en Philip Morris apenas unos meses después de dejar su cargo. Asimismo, Japan Tobacco International ha incorporado a Antonio José Olivera Herrera, ex jefe de gabinete del ministro de Política Territorial’.
Además, indica que ‘Logista, el mayor distribuidor de tabaco en España, mantiene en su Consejo de Administración a varias figuras procedentes de altos niveles de la política y la administración, como la ex ministra Cristina Garmendia, la ex presidenta de SEPI Pilar Platero y la ex responsable del Ministerio de Cultura María Echenique’.
La entidad recuerda que con la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, se anunciaron planes para expandir áreas libres de humo, incrementar los impuestos al tabaco y promover el empaquetado neutro. No obstante, la ‘enorme interferencia de la industria tabaquera en las instituciones públicas ha conseguido de momento, evitar que se pongan en marcha, o al menos frenar, estas dos últimas medidas’.
‘Estamos viendo cómo las tabaqueras utilizan las puertas giratorias como una herramienta más de lobby’, critica Fernández Megina. ‘Quienes ayer ocupaban cargos de máxima responsabilidad en la administración pública hoy trabajan para empresas que tienen como objetivo impedir cualquier avance en salud pública. Esto pone en cuestión la neutralidad de las políticas públicas y abre la puerta a la captura regulatoria’, concluye.