Nofumadores.org pide al Congreso respaldo total a una ley que proteja del vapeo a los jóvenes

Con la inminente consulta pública sobre la revisión de la ley antitabaco, donde se pretende igualar el vapeo al tabaco convencional, desde Nofumadores.org se hace un llamado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a respaldar firmemente una normativa que salvaguarde a los grupos más susceptibles, ya que «vapear también es fumar, y sus consecuencias ya están empezando a pasar factura».

Un reciente estudio, divulgado el 25 de junio en ‘ACS Central Science’ y realizado por expertos del departamento de Toxicología Ambiental de la Universidad de California en EE. UU., reveló que los niveles de metales pesados en vapeadores desechables eran tan elevados que «uno de los investigadores llegó a pensar que su aparato de medición se había estropeado».

«Las concentraciones de algunos compuestos tóxicos de origen metálico se multiplicaban hasta en un mil por ciento conforme se iba degradando la resistencia que calienta los líquidos por el uso continuado del aparato», agregan los estudiosos.

«Hoy la ciencia empieza a desmontar que esas promesas eran humo, y los datos de todas las encuestas confirman que la industria del tabaco y la nicotina tiene como objetivo-diana a los preadolescentes como consumidores de vapers», afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

Según los informes más recientes del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), la edad media para comenzar a vapear ha bajado a los 12 años, lo que indica una precoz exposición a la nicotina en infantes. Más del 54% de los adolescentes entre 14 y 18 años han experimentado con el vapeo, y en el grupo de 12 a 13 años, un 25.2% ha probado los cigarrillos electrónicos al menos una vez.

Ante esto, recuerdan que «los cigarrillos electrónicos no son inocuos», y «la idea, difundida por la industria del tabaco y la nicotina, de que son una opción «más saludable» que el tabaco ha calado entre los adolescentes y jóvenes adultos, pero los estudios recientes lo desmienten». «Estamos ante un problema de salud pública que necesita una respuesta legislativa valiente y urgente», concluyen.