Con la inminente apertura a consulta pública de la revisión de la ley antitabaco, donde el Ministerio de Sanidad equiparará el vapeo al tabaco convencional, Nofumadores.org hace un llamado a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para respaldar firmemente una normativa efectiva que resguarde a los sectores más indefensos, subrayando que «vapear también es fumar, y sus consecuencias ya están empezando a pasar factura».
Un estudio relevante fue publicado el 25 de junio en ‘ACS Central Science’, realizado por expertos del departamento de Toxicología Ambiental, Universidad de California (EEUU). Este análisis del ciclo de vida de distintas marcas de vapeadores desechables reveló «niveles tan altos de metales pesados que uno de los investigadores llegó a pensar que su aparato de medición se había estropeado».
«Las concentraciones de algunos compuestos tóxicos de origen metálico se multiplicaban hasta en un mil por ciento conforme se iba degradando la resistencia que calienta los líquidos por el uso continuado del aparato», agregan.
«Hoy la ciencia empieza a desmontar que esas promesas eran humo, y los datos de todas las encuestas confirman que la industria del tabaco y la nicotina tiene como objetivo-diana a los preadolescentes como consumidores de vapers», afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.
Según los últimos datos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), la edad promedio de inicio en el vapeo ha bajado a los 12 años, elevando la exposición precoz a la nicotina en niños que están en una etapa muy temprana de su desarrollo. Un preocupante 54% de adolescentes de 14 a 18 años han experimentado con el vapeo, y entre los niños de 12 a 13 años, un 25,2% ya ha probado los cigarrillos electrónicos al menos una vez.
Ante estos datos alarmantes, recalcan que «los cigarrillos electrónicos no son inocuos», y «la idea, difundida por la industria del tabaco y la nicotina, de que son una opción «más saludable» que el tabaco ha calado entre los adolescentes y jóvenes adultos, pero los estudios recientes lo desmienten». «Estamos ante un problema de salud pública que necesita una respuesta legislativa valiente y urgente», concluyen.