Con la inminente apertura a consulta pública sobre la reforma de la ley antitabaco, donde el Ministerio de Sanidad prevé igualar el tratamiento del vapeo y el tabaco, Nofumadores.org hace un llamado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que respalden firmemente una legislación que salvaguarde a los sectores más vulnerables de la sociedad, dado que «vapear también es fumar, y sus consecuencias ya están empezando a pasar factura».
En relación con esto, se resalta un informe difundido el 25 de junio en ‘ACS Central Science’, realizado por expertos del departamento de Toxicología Ambiental de la Universidad de California (EEUU). Este estudio investigó el ciclo de vida de varios modelos de vapeadores desechables, «y encontró niveles tan altos de metales pesados que uno de los investigadores llegó a pensar que su aparato de medición se había estropeado».
«Las concentraciones de algunos compuestos tóxicos de origen metálico se multiplicaban hasta en un mil por ciento conforme se iba degradando la resistencia que calienta los líquidos por el uso continuado del aparato», indican los expertos.
Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, advierte: «Hoy la ciencia empieza a desmontar que esas promesas eran humo, y los datos de todas las encuestas confirman que la industria del tabaco y la nicotina tiene como objetivo-diana a los preadolescentes como consumidores de vapers».
Desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), se alerta que la edad promedio para comenzar a vapear ha caído a los 12 años, involucrando a niños que no han entrado aún en la adolescencia. Más del 54% de los adolescentes de 14 a 18 años han expermientado con el vapeo, y en el grupo de 12 a 13 años, un 25,2% ha probado los cigarrillos electrónicos al menos una vez.
Ante estos datos alarmantes, se recuerda que «los cigarrillos electrónicos no son inocuos», y que «la idea, difundida por la industria del tabaco y la nicotina, de que son una opción «más saludable» que el tabaco ha calado entre los adolescentes y jóvenes adultos, pero los estudios recientes lo desmienten». «Estamos ante un problema de salud pública que necesita una respuesta legislativa valiente y urgente», concluyen.