Oncólogos y personas afectadas por cáncer gástrico reclaman fijar plazos máximos de espera en Atención Primaria para acceder a una endoscopia, de forma que no se superen los 14 días desde que surge la sospecha de la enfermedad, con el fin de favorecer el diagnóstico temprano.
“No es aceptable que la demora en la gastroscopia en algunos puntos de España sea de meses. Tenemos que intentar que haya un tiempo máximo de espera desde la sospecha, que no puede pasar de dos semanas”, ha señalado el presidente del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), Fernando Rivera, durante la presentación del documento “10 Desafíos Prioritarios en el Abordaje del Cáncer Gástrico en España”.
El informe ha sido impulsado por la Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados (ACCGG), en colaboración con Ifarcedis, Atellas y el propio Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD). El texto recoge las conclusiones consensuadas en una reunión celebrada en el Senado, en la que intervinieron representantes políticos, responsables de la administración sanitaria, especialistas clínicos, sociedades científicas, industria farmacéutica y asociaciones de pacientes.
En España se detectan cada año más de 8.000 nuevos diagnósticos de cáncer gástrico y se producen en torno a 5.000 fallecimientos, con una supervivencia a cinco años del 28 por ciento. Los expertos subrayan que el retraso en la detección es el principal obstáculo para mejorar estas cifras, ya que la mayoría de casos se identifican en estadios avanzados, cuando el tumor presenta un comportamiento especialmente agresivo.
“Por ello, pedimos diseñar e implementar campañas nacionales de concienciación sobre síntomas de alerta. Además de protocolos de cribado poblacional adaptados a poblaciones de incidencia media”, ha apuntado Rivera.
El documento también pone de relieve que el acceso a biomarcadores clave, como HER2, PD-L1 o Claudina 18.2, difiere de forma notable entre comunidades y hospitales, lo que dificulta aplicar una medicina de precisión. “Queremos una red que funcione. No hay un convenio que detalle cómo se deben analizar los biomarcadores. En muchos casos, los hospitales que no tienen los recursos, tiene que llamar a otros más grandes y pedir el favor para disponer de biomarcadores”, ha señalado Ma Jesús Fernández, de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP).
En esta línea, proponen que los biomarcadores se incorporen de forma obligatoria a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud cuando se autorice el fármaco asociado, y que se definan estándares mínimos de capacidad de diagnóstico molecular en los centros oncológicos de referencia.
Reclaman agilizar el acceso a fármacos innovadores
Pacientes y especialistas insisten asimismo en la urgencia de acortar los plazos para disponer de tratamientos innovadores. “Los tiempos de espera promedio de más de 500 días entre aprobación clínica y acceso poblacional son éticamente inaceptables en pacientes con más pronóstico”, ha criticado Sandra Flores, de la Unidad de Gestión Clínica de Farmacia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
En este escenario, plantean acelerar la evaluación de nuevas tecnologías sanitarias y habilitar vías de acceso condicional o modelos basados en valor añadido para medicamentos e indicaciones con alta mortalidad.
“A veces, la innovación no llega a tiempo ni a todas las personas. Por eso pedimos más equidad, transparencia y rapidez, para que las nuevas herramientas lleguen a las personas que lo necesitan”, ha resaltado Pilar Ruiz, presidenta de ACCGG.
Entre los demás retos identificados figuran avanzar hacia una mayor homogeneización estatal de los protocolos diagnósticos y terapéuticos, reforzar la investigación y la innovación, potenciar las estrategias de prevención, mejorar el acompañamiento integral al paciente, consolidar la capacidad de diagnóstico molecular y aprovechar las posibilidades de la transformación digital.
Los impulsores del documento prevén trasladarlo al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, así como a las comisiones de sanidad del Congreso y del Senado, con el propósito de que sus propuestas se traduzcan en medidas concretas.