La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) ha expresado su preocupación porque en algunas comunidades autónomas, los pacientes que requieren anticoagulantes deben comenzar con antivitamina K (AVK) y solo pueden cambiar a anticoagulantes de acción directa (ACOD) tras demostrar un control insatisfactorio. Adicionalmente, señalan que no todos los territorios han actualizado los criterios para prescribir estos medicamentos.
Según FEASAN, esta situación ‘rompe la equidad y la libertad clínica’, y solicitan que se asegure el acceso inmediato al tratamiento más adecuado según el estado clínico del paciente en todo el territorio nacional.
En vísperas del Día Nacional del Paciente Anticoagulado, que se celebra el 18 de noviembre, recuerdan que en España más de un millón de personas consumen diariamente anticoagulantes orales, siendo la mayoría mayores de 65 años y con múltiples medicaciones. Esta cifra tiende a aumentar anualmente debido al envejecimiento poblacional y el aumento de factores de riesgo vascular.
‘Los anticoagulantes previenen la formación de trombos y salvan vidas, pero requieren atención y seguimiento especial tanto por parte de profesionales sanitarios como de los pacientes’, afirma Rafael Martínez, presidente de FEASAN y también paciente anticoagulado. Agrega que es fundamental reforzar la vigilancia y la equidad en el acceso y seguimiento de estos tratamientos, especialmente ahora que los ACOD se utilizan más que los AVK.
Asimismo, subrayan la importancia de mejorar la información y educación de los pacientes, factores clave para el éxito del tratamiento. ‘Un paciente bien informado entiende su tratamiento, reconoce las señales de alerta y participa activamente en su seguimiento, lo que se traduce en mayor seguridad y mejores resultados en salud’, expone Martínez, destacando la campaña de este año bajo el lema ‘#TómateloEnSerio’.
Finalmente, FEASAN recuerda la necesidad de mantener un seguimiento asistencial de calidad para los pacientes tratados con ACOD, incluyendo revisiones regulares de la función renal cada 6 a 12 meses, conforme a los protocolos establecidos. Revelan que muchos pacientes no están siendo informados adecuadamente sobre estas revisiones, poniendo en riesgo la seguridad del tratamiento.