El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha emitido un requerimiento formal a los líderes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, instándoles a implementar y normar “con la mayor celeridad posible” el Registro de Personas Objetoras de conciencia al aborto, otorgándoles un periodo de tres meses desde la recepción de esta notificación para su realización.
De acuerdo con declaraciones a Europa Press por parte de fuentes gubernamentales, “en el caso de que, superados los tres meses desde la recepción de esta notificación, no se haya establecido, se procederá a la activación de los mecanismos legales necesarios para asegurar su cumplimiento”.
Desde 2023, la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo exige que todas las comunidades autónomas cuenten con un registro de objetores, decisión que fue adoptada unánimemente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024 y cuya implementación es obligatoria.
“La ausencia de este registro restringe de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental amparado por la ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales no puede ser una barrera para la atención sanitaria de las mujeres”, explican las mismas fuentes.
Con esta medida, el Gobierno “avanza un paso más” para asegurar que “todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que este derecho se implemente en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad”.