QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Instituto de las Mujeres, que depende del Ministerio de Igualdad, ha emitido un informe donde propone limitar “en situaciones críticas” la objeción de conciencia en los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El documento argumenta que la objeción de conciencia se ha convertido en un impedimento “estructural” para acceder al aborto en los hospitales públicos.
El análisis revela que “prácticamente la totalidad” de los ginecólogos en ciertas áreas de España se acogen a la objeción de conciencia, lo que lleva a la externalización de estos servicios. Por ello, se sugiere una serie de acciones para que la objeción no “anule” un derecho fundamental.
“En algunas comunidades, la objeción es tan generalizada que ningún hospital público realiza abortos quirúrgicos. Esto obliga a las mujeres a desplazarse fuera de su provincia -o incluso comunidad- para ejercer un derecho reconocido”, indica el reporte.
Se propone que la objeción en la red pública se ajuste a las recomendaciones internacionales, asegurando que no se pueda invocar para dejar un área sin cobertura. El objetivo es que las instituciones sanitarias se organicen para cubrir la demanda sin tener que derivar sistemáticamente a la sanidad privada.
Se insta a contar con equipos médicos no objetores en todos los niveles asistenciales y, si todos los profesionales de un servicio son objetores, la administración deberá proveer personal alternativo.
VIGILAR Y SANCIONAR LA OBJECIÓN ABUSIVA O FRAUDULENTA
El informe también demanda la vigilancia y sanción de la objeción de conciencia que no responda a verdaderas convicciones éticas personales, sino a una “negativa encubierta” a prestar un servicio público. La administración sanitaria debe asegurar que ningún centro público rechace completamente la prestación de este servicio, ya que la objeción de conciencia es un derecho individual y no debe transformarse en una negativa institucional.
Además, se recomienda no sobrecargar a los profesionales no objetores con todas las intervenciones, para evitar penalizaciones que desincentiven su disposición.
Es fundamental actualizar y manejar adecuadamente los registros de objetores de conciencia para la planificación sanitaria, conforme a la Ley Orgánica 1/2023, garantizando así equipos disponibles para todos.
AUMENTAR LA FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Para abordar la falta de profesionales capacitados en abortos, se propone incrementar la formación específica en salud sexual y reproductiva. Esto incluiría la incorporación de estos temas en los planes de estudio y en programas de formación continua. Además, se sugiere permitir a enfermeros y matronas realizar funciones ampliadas en estos procedimientos.
El informe destaca las desigualdades existentes en el acceso al aborto y menciona que el Ministerio de Sanidad ha amenazado con medidas legales contra las comunidades que no cumplen con la legislación. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado evidencias de cumplimiento tras ver vulnerados los derechos de muchas mujeres.
