QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización Salud por Derecho sostiene que la reciente reforma de la normativa farmacéutica de la Unión Europea representa un progreso limitado, al considerar que mantiene intactos los privilegios del sector y no asegura un acceso justo y equilibrado a los medicamentos para toda la población.
La entidad recuerda que el objetivo inicial del proceso legislativo era reforzar el acceso de los pacientes de la UE a los tratamientos, pero advierte de que, en la fase final de las negociaciones, “Si bien la intención original era mejorar el acceso a medicamentos para los pacientes de la UE, el giro final ha estado marcado por las nuevas narrativas sobre competitividad, beneficiando principalmente a la industria farmacéutica”, apunta la organización.
Desde Salud por Derecho se reconoce que la reforma introduce ciertos avances en materia de transparencia dentro del ecosistema farmacéutico europeo. No obstante, la organización considera que el texto acordado no afronta de raíz los problemas estructurales que siguen dificultando un acceso equitativo a los fármacos en Europa y que “se pierde una oportunidad única en más de dos décadas para haber posicionado a la región como un referente en materia de política farmacéutica alineada con el derecho a la salud”.
En este sentido, Jaime Manzano, investigador y responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho, advierte de que “Ahora que el acuerdo está sobre la mesa, resulta evidente que mantiene la misma fórmula que ha llevado a precios altos y a una presión creciente sobre los sistemas de salud. Se presentan más incentivos como si fueran la solución definitiva, pero la pregunta clave sigue sin responderse: incentivos, ¿a cambio de qué? Sin condiciones firmes de transparencia y de interés público, estos incentivos no hacen más que perpetuar el problema”.
Para la organización, el contexto europeo no permite seguir ampliando monopolios farmacéuticos sin exigir contrapartidas claras a la industria. “Y aunque las medidas de transparencia incluidas suponen un avance, también quedan por detrás de lo que pedían el Parlamento Europeo y la sociedad civil: que se haga pública la financiación pública indirecta -una de las principales formas en que los contribuyentes ya subsidian al sector farmacéutico- y que haya transparencia sobre la financiación y las licencias en manos de entidades independientes que participan en las primeras fases del desarrollo de un medicamento. En conjunto, creemos que Europa ha perdido una oportunidad para modernizar su política farmacéutica desde una perspectiva de acceso y derecho a la salud”, ha matizado Manzano.
En la misma línea, Salud por Derecho lamenta que el bloque comunitario haya dejado pasar lo que considera una ocasión histórica para actualizar en profundidad su política farmacéutica con criterios de interés público. “La ley de Medicamentos Críticos y la Ley Europea de Biotecnología, así como las negociaciones del próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFF) y en especial el Programa Marco 10 (Horizon), se presentan como espacios futuros donde revertir esta tendencia y apostar por un futuro diferente por el acceso a medicamentos”, concluye.
