QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Confederación Salud Mental España ha instado este martes a rechazar el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo, una propuesta del Consejo de Europa que respalda internamientos sin consentimiento, medicación forzosa, así como contenciones físicas y químicas y el aislamiento de personas con problemas de salud mental, lo que, a su juicio, supone una “vulneración de derechos” de estos pacientes.
Esta demanda se enmarca en la campaña “DerechoANuestrosDerechos”, impulsada con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora este miércoles, y que busca denunciar las medidas coercitivas que se aplican a diario en el sistema sanitario, promover un modelo de atención a la salud mental centrado en los derechos humanos y oponerse al citado protocolo.
Aunque la tramitación de esta normativa permanece bloqueada desde 2022, la Confederación ha advertido de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) tiene previsto retomar el debate en enero de 2026 para someter a votación un texto que “no mejora” la protección de los derechos de las personas con discapacidad y que, incluso, podría tener el efecto opuesto.
El presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, ha subrayado que el Protocolo adicional “responde a un modelo anclado en el pasado y absolutamente biologicista de la salud mental” con el que la organización no se identifica, y que además “entra en contradicción con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de obligado cumplimiento por los Estados Parte, entre los que se encuentra el Estado español”.
En este contexto, la Confederación ha puesto en marcha diversas acciones para alertar sobre las consecuencias de esta iniciativa, entre ellas el envío de cartas personalizadas a integrantes de la PACE y la difusión de un Posicionamiento en el que se recoge que “el derecho natural a la inclusión sigue enfrentado miradas que juzgan, silencios que apartan, y barreras que limitan”.
La organización reconoce que la propia Asamblea ha reclamado en repetidas ocasiones el fin de la coerción en los dispositivos de salud mental, admitiendo la incompatibilidad de los tratamientos y de los ingresos involuntarios con los derechos humanos fundamentales, pero lamenta que este protocolo “corre el riesgo de reforzar la institucionalización y probablemente aumentará el uso de la coacción en psiquiatría”.
Por ello, recuerda la existencia de un documento alternativo, el borrador de “Recomendación sobre el respeto de la autonomía en la atención de salud mental”, que considera un “paso importante” para avanzar en la reforma de los sistemas europeos de salud mental.
Este texto realiza “valiosas referencias” a los estándares de Derechos Humanos y a experiencias de buenas prácticas, incorpora una terminología basada en los derechos para reforzar las garantías y persigue la eliminación definitiva de la coacción en la atención a la salud mental.
Finalmente, Salud Mental España insiste en la necesidad de erradicar las prácticas institucionales que vulneran los Derechos Humanos y de restaurar la dignidad y los derechos de las personas con problemas de salud mental; además, reclama aumentar la inversión en salud mental, reforzar los equipos profesionales y mejorar la cohesión de la red de atención.
