El Ministerio de Sanidad ha anunciado que ya se pueden presentar aportaciones al proyecto de Real Decreto (RD) que fijará la definición de persona electrodependiente y los criterios para acreditar la electrodependencia, tras abrir la consulta pública previa de esta norma, cuyo propósito es reforzar la protección frente a posibles interrupciones del suministro eléctrico.
Tal y como detalla la cartera sanitaria del Gobierno, este trámite legal preceptivo permite enviar propuestas hasta el 30 de marzo a través del correo electrónico normativa-sgca@sanidad.gob.es, al que podrán dirigirse organizaciones, asociaciones interesadas y la ciudadanía en general.
La futura regulación tiene como finalidad reforzar la seguridad jurídica y la protección sanitaria de quienes dependen de equipamiento eléctrico esencial para mantener sus funciones vitales, según ha señalado el Ministerio de Sanidad, que ha precisado que con este texto se da cumplimiento a la disposición final tercera de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, por la que se modificó el Real Decreto 897/2017 para incorporar la figura de la persona electrodependiente dentro de las categorías de consumidores vulnerables del sistema eléctrico.
En este sentido, el departamento ha subrayado que, hasta ahora, no existía una definición normativa concreta ni un procedimiento sanitario regulado para acreditar esta situación, lo que genera un vacío legal que el nuevo RD pretende subsanar. De este modo, se establecerá una definición precisa de persona electrodependiente, se determinarán las condiciones y criterios de acreditación y se ordenará el procedimiento y la documentación necesaria para la correspondiente certificación sanitaria.
Clarificar funciones y reforzar garantías
Asimismo, Sanidad ha indicado que este RD servirá para clarificar las responsabilidades de las distintas Administraciones públicas implicadas y reforzar las garantías vinculadas al suministro eléctrico. Igualmente, consolidará un marco jurídico que equipare la protección de las personas electrodependientes a la ya reconocida para otros colectivos vulnerables, avanzando en equidad y en la garantía efectiva del derecho a la salud.
Con ello, se potencia la coordinación entre el ámbito sanitario y el energético, garantizando que la dependencia crítica de dispositivos eléctricos por razones de salud quede debidamente reconocida y protegida. Las interrupciones del suministro eléctrico han evidenciado la especial vulnerabilidad de las personas electrodependientes y la necesidad de reforzar su cobertura normativa.