El Ministerio de Sanidad se adentra en 2026 con varios frentes abiertos, empezando por las movilizaciones de los sindicatos médicos contra el borrador de Estatuto Marco que la ministra Mónica García quiere sacar adelante, al tiempo que intenta desbloquear otras normas pendientes, como la ley del medicamento o la actualización de la ley antitabaco, para lo que necesitará tejer apoyos en el Parlamento en un contexto de incertidumbre y elevada tensión política.
Tras el rechazo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) al último borrador de Estatuto Marco, respaldado sin embargo por otras organizaciones sindicales, el año 2026 comenzará con nuevas jornadas de huelga y protestas de médicos, según han avanzado estas entidades.
Sanidad acumula ya tres años de conversaciones para reformar el Estatuto Marco, la norma que fija las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que no se ha modificado desde 2003. La ministra ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de elevar el texto primero al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Congreso de los Diputados.
“Yo necesito que esta ley llegue al Congreso de los Diputados”, subrayaba a finales de julio, precisando que su objetivo era que esto ocurriera durante la actual legislatura.
Si el Ministerio consigue cerrar un acuerdo con los sindicatos y remitir el Estatuto a las Cortes, aún deberá negociar apoyos en la Cámara, un desafío añadido por la fragmentación parlamentaria y los antecedentes recientes. En 2025, la Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), la única iniciativa de este departamento que llegó al Congreso, fue tumbada en una primera votación.
Medicamentos, tabaco y papel de los pacientes
En paralelo, el Ministerio de Sanidad tendrá que desenvolverse en este clima político para culminar otros proyectos clave, como la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril.
El borrador contemplaba medidas como permitir a enfermeras y fisioterapeutas prescribir determinados fármacos dentro de su ámbito competencial, autorizar a los farmacéuticos a sustituir un medicamento recetado en caso de desabastecimiento, y modificar el sistema de precios de referencia para impulsar una mayor competencia.
No obstante, el texto recibió cerca de 400 alegaciones durante la fase de audiencia pública, y Sanidad anunció ajustes para corregir los puntos que generaban “cierto conflicto”. Junto a esta norma, siguen en la lista de tareas el Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
El departamento también deberá avanzar para transformar otros compromisos y borradores en leyes efectivas. Entre ellos, la reforma de la ley antitabaco, que persigue ampliar los espacios libres de humo y equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional, así como el Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad.
“Esperemos que los diferentes grupos parlamentarios prioricen la salud de los ciudadanos, prioricen la evidencia científica y sean tan ambiciosos como somos en el Ministerio de Sanidad”, señalaba García en julio al referirse a la actualización de la Ley del Tabaco.
A estos textos se suma la Ley de Organizaciones de Pacientes, que, según el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, será uno de los hitos de la segunda parte de la legislatura. Esta ley establecerá un marco jurídico específico para las asociaciones de pacientes y reforzará su participación en el diseño de las políticas públicas que les afectan.
En 2026 también comenzará a funcionar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), organismo destinado a fortalecer las capacidades del país para mejorar la salud de la población, reducir desigualdades y proteger a la ciudadanía frente a amenazas sanitarias, como ocurrió con la pandemia de Covid-19. La meta de Sanidad es que la agencia esté “plenamente operativa” en el primer semestre de 2026.
Gestión pública, universalidad y tensiones territoriales
De cara al nuevo año, Mónica García ha fijado como prioridad la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS, con la que se derogará la Ley 15/1997 y se acotará la colaboración público-privada en la sanidad. Al mismo tiempo, ha recordado que su departamento prepara un Real Decreto para reducir las listas de espera, uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Sigue igualmente pendiente culminar la tramitación de la Ley de Universalidad del SNS, remitida por el Consejo de Ministros al Congreso en mayo de 2024. Esta norma pretende restituir el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que viven en el extranjero, para los extranjeros que llegan por reagrupación familiar y para toda persona residente en España, con independencia de su situación administrativa, mediante la revisión de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS.
En paralelo, la ministra continuará la negociación con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), foro en el que afirma haber alcanzado “más de 70 acuerdos” desde su llegada al cargo, aunque también se han producido choques con las consejerías gobernadas por el Partido Popular.
Este órgano seguirá siendo uno de los ejes de la agenda político-sanitaria en 2026, ya que permanecen abiertas las discrepancias con la Comunidad de Madrid por la creación del registro de objetores y por la recogida de datos de los programas de cribado de cáncer.