El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dado luz verde al “Documento de Consenso para el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)”, que establece como prioridad la realización de un cribado anual —mediante análisis de sangre y orina— en personas mayores de 60 años y en quienes presenten factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o patologías cardiovasculares.
El texto aprobado, orientado a transformar la atención sanitaria en este campo, fija como meta reforzar la detección precoz en los colectivos más vulnerables. Al mismo tiempo, plantea una mejora de la coordinación entre niveles asistenciales, para lo que concreta criterios precisos de derivación desde Atención Primaria hacia los servicios de Nefrología, Medicina Interna y Geriatría.
Asimismo, se propone impulsar las e-consultas con el fin de acortar los tiempos de respuesta, junto con la incorporación de sistemas de alerta automática en las historias clínicas electrónicas. Estas herramientas permitirán a los profesionales identificar de forma más ágil a los pacientes en riesgo y ajustar las dosis de los tratamientos en función de la función renal de cada persona.
Otro de los pilares del documento es el refuerzo del autocuidado: se prevé la puesta en marcha de programas formativos y de toma de decisiones compartida, implicando de manera activa a las asociaciones de pacientes para que las personas asuman un rol central en el manejo de su propia salud.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, este plan configura la hoja de ruta estratégica para el periodo 2025-2028. Además, ha detallado que la iniciativa se enmarca en el desarrollo de la Estrategia de Cronicidad y persigue consolidar un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona.
Una enfermedad con alto impacto en la población y el sistema sanitario
El objetivo principal es promover un abordaje integral que mejore la calidad de vida de los pacientes y optimice el uso de los recursos sanitarios ante una patología que afecta a más del 10 por ciento de la población adulta —más de cuatro millones de personas— y que, con frecuencia, aparece asociada a otras enfermedades crónicas.
En sus fases iniciales, la ERC suele ser asintomática, lo que favorece un importante infradiagnóstico y retrasa el inicio de intervenciones que podrían frenar su evolución. Esta situación conlleva un notable impacto económico, ya que en la actualidad supone en torno al 5 por ciento del gasto sanitario total.
Para revertir este escenario, el documento aboga por sustituir el enfoque reactivo por un modelo proactivo y preventivo. La detección temprana no solo mejora el pronóstico y la evolución clínica de los pacientes, sino que también contribuye a reducir el impacto social y ambiental vinculado a los tratamientos en fases avanzadas, como la diálisis.
Sanidad ha subrayado que el texto consensuado es resultado del trabajo conjunto de las comunidades autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, en un proceso de acuerdo que garantiza su viabilidad y adaptación a las distintas realidades territoriales. Además, ha precisado que el grado de cumplimiento de los objetivos se revisará de forma anual mediante indicadores específicos.
Entre estos parámetros, el departamento ha resaltado el porcentaje de personas en riesgo que completan su revisión anual y la disminución en el uso de medicamentos potencialmente dañinos para la función renal.