El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha arremetido contra el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid por recurrir a compañías privadas para fiscalizar los hospitales públicos de gestión privada. A su juicio, esta fórmula constituye una “economía circular totalmente perniciosa” y “no tiene ningún tipo de sentido” si el objetivo es proteger y reforzar los servicios públicos.
Durante una entrevista en el programa ‘La Hora’ de La 1, recogida por Europa Press, Padilla ha explicado que “hay otra cosa que está relacionada con la privatización y que yo creo que es casi incluso un puntito más importante, que es el control (…) en la Comunidad de Madrid, hace unos años se dio una vuelta de tuerca más a este modelo, sacando un contrato para que fuera justamente una empresa privada la que se encargara de hacer el control a estos hospitales privados”.
En esta línea, ha denunciado que los resultados de las supervisiones sobre centros como el Hospital de Torrejón “no se publican en la página web de la Comunidad de Madrid” desde hace años. Ha añadido que sucede lo mismo con las actas del comité mixto que reúne a la empresa concesionaria con el Ejecutivo autonómico, lo que, según ha indicado, merma la transparencia del sistema.
Padilla ha sostenido que “ya nadie se cree” que estos modelos externalizados resulten más eficientes, subrayando que están “a la baja” por sus “increíbles costes y cargas administrativas”. Ha acusado además a la Comunidad de Madrid de llevar “mucho tiempo adelgazando sus estructuras administrativas sin tener interna para realizar esos controles”, lo que, en su opinión, justificaría la deriva hacia la subcontratación del control a terceros privados.
El secretario de Estado ha apuntado que “estos contratos, una de las cosas que ocurren, es que suelen acabar judicializados prácticamente todos, de forma que es muy difícil saber a corto plazo cuánto ha costado verdaderamente la prestación sanitaria de un año concreto, porque, por ejemplo, en el año 2021, con la Fundación Jiménez Díaz todavía se estaban dilucidando a nivel judicial los pagos que había que hacer del año 2014”.
“No se puede saber” si se controla adecuadamente la gestión
Padilla ha insistido en que la propia Comunidad de Madrid “tendría que estar haciendo” la labor de supervisión de estos hospitales, y ha lamentado que “no se puede saber verdaderamente” si ese control se está efectuando como corresponde. Por este motivo, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad va a activar a la Alta Inspección para que investigue lo sucedido en el Hospital de Torrejón, tras la filtración de un audio del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que se insta a rechazar pacientes o procedimientos no rentables en este centro gestionado por la compañía.
Ha recordado también que desde el Ministerio se remitió la semana pasada una carta a la Comunidad de Madrid en la que se la invitaba a rescindir el contrato si se confirman las acusaciones, ya que no solo supondría un incumplimiento contractual, sino que podría implicar “algún tipo de ilícito que hubiera que llevar a otro ámbito”.
Según Padilla, este caso constituye un “escándalo de notables dimensiones” y refleja la “subyugación” de la atención a los pacientes y de la gestión de la lista de espera “a la cuenta de resultados”, elemento que, ha remarcado, marca la diferencia frente a los hospitales de gestión plenamente pública.
En este sentido, ha afirmado que “no encontraremos nunca al director del hospital de La Paz o del 12 de Octubre diciendo que hay que retrasar unos pacientes determinados, porque si no no vamos a conseguir aumentar los beneficios de la empresa que lo gestiona”, en alusión a la distinta lógica que, según él, rige en los centros públicos tradicionales frente a los de concesión privada.











