El secretario general del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, ha rechazado que el Real Decreto que regula el acceso universal a la sanidad pública de inmigrantes en situación irregular pueda derivar en un “efecto llamada” o en “turismo sanitario”, ya que se exige demostrar la residencia efectiva en España y cumplir otros requisitos para poder recibir asistencia del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Cuestionado por Europa Press sobre si compañías extranjeras o españolas podrían aprovechar el nuevo Real Decreto comercializando paquetes turísticos sanitarios para extranjeros —incluyendo vuelo, acceso al SNS y alojamiento— o incentivar así el “turismo sanitario”, Padilla ha señalado que el Gobierno “no puede garantizar” que no aparezcan empresas que “intenten engañar y estafar a población extranjera enferma”, pero ha insistido en que “la solicitud de requisitos impide el establecimiento de este tipo de paquetes turísticos”.
“Se pide acreditar la residencia en España, además de otros requisitos”, ha detallado Padilla, que descarta igualmente un posible “efecto llamada”, puesto que “al contrario de lo que ha difundido algún bulo en redes, no se puede llevar a cabo con una declaración responsable”.
Según ha explicado, el artículo 2 del Real Decreto especifica la documentación válida para probar la residencia en España: entre otros, “la declaración responsable, el documento de identidad válido y demostrar con una prueba su residencia habitual en España -como el empadronamiento, la escolarización de hijos, informes de servicios sociales, facturas de suministros o documentación consular-”.
En esta línea, el número dos de Sanidad ha subrayado que “el denominado 'turismo sanitario' nunca ha sido un problema de impacto real en nuestro país, especialmente con el rango con el que la derecha xenófoba ha intentado usarlo de manera recurrente”.
Ha recordado asimismo que, con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012 por el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, que restringió la universalidad del SNS, “se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario con la excusa del turismo sanitario”, cuando en realidad “lo que se logró fue expulsar a población vulnerable sin otro logro mayor en otro ámbito”.
Sanidad confía en que todas las CCAA apliquen la norma
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, de impulsar “el turismo sanitario” con este Real Decreto y ha reprochado al Ministerio que no haya valorado “el impacto económico directo” sobre las comunidades autónomas, así como el incremento de población que precisará atención sanitaria.
Frente a quienes sostienen que la medida no ha considerado la presión asistencial añadida para el Sistema Nacional de Salud, Padilla recuerda que estas personas ya tendrían que estar cubiertas conforme al RD-l 7/2018, con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez restauró la sanidad universal, devolviendo el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.
“Lo que ocurría, es que algunas CCAA estaban incorporando barreras administrativas en la acreditación de los requisitos para la obtención del derecho a la asistencia sanitaria, negando el acceso a personas que deberían verlo reconocido”, ha señalado.
En cuanto a si el Ministerio de Sanidad maneja alguna estimación sobre la población inmigrante que se incorporará a la red pública, ha indicado que “es complicado estimar el número de personas que ahora podrán tener acceso en aquellas CCAA que lo estaban dificultando de manera sistemática”.
“Lo que sí podemos afirmar es que esto facilitará que el total de personas en situación irregular en nuestro país pueda tener acceso con esta nueva norma; después del proceso de regularización cuyo desarrollo tiene en marcha el Gobierno de España podremos estimar cuántas personas en situación irregular quedarían sujetas a este real decreto”, ha precisado.
Por último, preguntado por Europa Press sobre la posibilidad de que alguna comunidad autónoma intente obstaculizar la aplicación del texto, Padilla ha remarcado que las CCAA están obligadas a cumplir lo dispuesto en el Real Decreto. “Preferimos no pensar que ninguna CCAA vaya a declararse insumisa a la legislación española”, ha concluido.