El Ministerio de Sanidad ha lanzado a consulta pública un proyecto de Real Decreto (RD) que pretende eximir automáticamente del copago de productos ortoprotésicos a aquellos que ya no contribuyen en la prestación farmacéutica ambulatoria. Esta iniciativa busca unificar criterios y facilitar el acceso a insumos esenciales para mejorar la calidad de vida de determinados colectivos vulnerables, como pensionistas con rentas reducidas o personas con discapacidad.
Esta medida, que ya se aplica en algunas regiones como la Comunidad Valenciana y Castilla y León, se incluye también en un proyecto de Real Decreto más amplio. Este último amplía la cobertura sanitaria a personas sin residencia legal en España y a españoles residentes en el extranjero durante estancias temporales en el país, financiado mediante fondos públicos. Además, modifica el artículo 9 y la disposición adicional segunda del Real Decreto 1506/2012, que regula la financiación en la prestación ortoprotésica.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
Sanidad estima que la equiparación del copago para los colectivos exentos tendría un costo de 2.261.582 euros anuales para las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Esta cifra se basa en análisis de datos de los años 2020-2021, donde se observa que el 1,10 por ciento de las personas con derechos a ortoprótesis realizan una media de 1,4 prescripciones anuales, con un coste medio de 20 euros por aportación en la dispensación general.