El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han dado luz verde este jueves a la actualización del “Documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor”, vigente desde 2014, con la finalidad de potenciar las medidas de prevención, la identificación temprana y las actuaciones específicas en la población de más edad.
El texto, avalado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), pone de relieve la estrecha relación entre la fragilidad y las caídas, dos de los factores más determinantes en la pérdida de autonomía y el aumento de la dependencia en las personas mayores, y plantea una respuesta conjunta frente a ambos problemas.
Entre las novedades, se introduce una clasificación en cuatro niveles de riesgo (bajo, medio, alto y muy alto), que facilita ajustar las intervenciones y el seguimiento a la situación concreta de cada paciente. Al mismo tiempo, refuerza la detección precoz, promoviendo la implicación de la Atención Primaria (AP) y del entorno comunitario, donde se incluyen centros sociosanitarios, farmacias y servicios sociales, para la captación activa de personas de 70 años o más.
El consenso recoge diversas actuaciones basadas en un abordaje multidominio y adaptado a cada individuo, que contemplan ejercicio físico multicomponente, pautas nutricionales, revisión de la medicación y evaluación de riesgos en el domicilio, todo ello integrado en la valoración geriátrica integral.
De forma paralela, el documento insiste en mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y sectores implicados, con el fin de avanzar hacia un modelo de atención integrada y centrada en la persona.
Objetivo de implantación y evaluación del programa
La puesta en marcha de esta actualización se vincula al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que fija como meta que, para 2027, al menos la mitad de las comunidades y ciudades autónomas hayan incorporado el programa.
Sanidad llevará a cabo evaluaciones periódicas, con una frecuencia mínima de cada dos años, para medir el grado de implantación y su repercusión en la salud y la autonomía de las personas mayores.
El propio documento subraya la necesidad de abordar estos retos en un contexto de envejecimiento demográfico. La fragilidad afecta aproximadamente al 18 por ciento de las personas mayores, porcentaje que crece de manera notable con la edad hasta situarse entre el 18 y el 38 por ciento en los mayores de 85 años.
Esta condición, más habitual en mujeres, implica un gasto estimado de 2.500 euros al año por persona, el doble del coste asociado a quienes no presentan fragilidad.
En relación con las caídas, alrededor del 30 por ciento de las personas mayores de 65 años sufre al menos una caída anual y entre el cinco y el 10 por ciento de ellas ocasiona fracturas. En España, constituyen la principal causa de muerte por causas externas, con más de 3.000 fallecimientos al año en este grupo de edad.
Casi el 40 por ciento de quienes padecen una fractura de cadera no recupera el nivel funcional previo, lo que incrementa la necesidad de cuidados y el uso de recursos sanitarios y sociales.