QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha manifestado su descontento frente a la inacción e indiferencia de las Administraciones sanitarias en relación con las agresiones a los profesionales en centros de salud, lo que ha declarado que provoca una permanente sensación de miedo e intranquilidad entre el personal.
Las agresiones verbales o físicas no deberían formar parte del trabajo de las enfermeras y fisioterapeutas. Las Administraciones, como empleadores, tienen la obligación de velar por garantizar la seguridad de sus trabajadores, ha reiterado el sindicato en su comunicado.
Ha resaltado también la alarmante cifra récord de sanitarios agredidos en 2024, según datos del Ministerio de Sanidad, con un total de 17.163 agresiones, un 12 por ciento más que en 2023 y casi el 80 por ciento de los afectados fueron mujeres. Según encuestas de SATSE, ocho de cada 10 enfermeras han experimentado algún tipo de agresión durante su carrera profesional.
Para abordar este problema grave y persistente, el sindicato ha solicitado medidas eficaces, incluyendo la presencia constante de personal de seguridad en los centros sanitarios, que asegura que no existe ni en todos los centros ni en todos los horarios, y la implementación de un dispositivo de alarma que el profesional pueda activar si se siente en riesgo de sufrir una agresión.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS: CORRESPONSABLES
SATSE ha señalado que tanto las Administraciones públicas como las empresas sanitarias privadas son corresponsables en no resolver este problema significativo. Por un lado, no proporcionan los medios y recursos necesarios para prevenir el malestar e insatisfacción de pacientes y familiares que, en ocasiones, desencadenan una agresión, ha explicado.
Por otro lado, ha criticado la ausencia de un marco regulatorio estatal que permita implementar todo tipo de acciones en materia de prevención, información, sensibilización y atención a las víctimas. El objetivo es que cualquier profesional, independientemente del centro y territorio en el que trabaje, tenga los mismos recursos, derechos y garantías, ha precisado.
En respuesta a esta situación, SATSE desarrolló y presentó a las administraciones y partidos políticos una propuesta de Ley estatal, con más de 50 medidas, que ya ha sido debatida y rechazada en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados. Una norma que no ha salido adelante por motivos partidistas que se resumen en oponerse por oponerse al adversario político, ha lamentado.
DENUNCIAR LA AGRESIÓN
Desde la organización mantienen una campaña permanente de información y sensibilización con el lema La agresión no es solución y han enfatizado la importancia de que los profesionales que sean víctima de una agresión la denuncien, para que el paciente o familiar agresor responda ante las autoridades por sus actos.
Es fundamental visibilizar el problema y alzar nuestra voz cada vez que se produce una agresión como una medida también de presión para que las administraciones y empresas sanitarias no minusvaloren una realidad que dinamita la columna vertebral de nuestro sistema, como son sus profesionales, ha concluido.
