El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha instado a los Gobiernos de la Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y Cataluña a que implanten de forma inmediata la jornada semanal de 35 horas para las enfermeras y fisioterapeutas de sus servicios de salud, de manera que dejen de ser las últimas administraciones públicas que aún no permiten disfrutar de un derecho ya vigente en la mayor parte del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Tras la resolución del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital que fija la jornada de 35 horas semanales para todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), la organización sindical reclama que los Ejecutivos autonómicos que todavía no han revertido los recortes den el paso y apliquen esta medida.
Para SATSE, resulta “injustificable” que miles de profesionales en estas cuatro comunidades continúen con una jornada más extensa, especialmente cuando la gran mayoría de los servicios de salud autonómicos ya han recuperado las 35 horas semanales. A su entender, esta realidad es “claramente discriminatoria”.
El sindicato recuerda que esta situación se arrastra desde los recortes derivados del Real Decreto-Ley 20/2012, que supusieron la pérdida y suspensión de numerosos avances laborales logrados mediante la negociación colectiva. “Esta debe acabar lo más pronto posible para que los profesionales de los servicios de salud de estas comunidades autónomas puedan realizar su trabajo en igualdad de condiciones”, ha enfatizado.
En esta línea, SATSE remarca que, desde que en 2018 el Gobierno abrió la puerta a que las autonomías recuperasen la jornada de 35 horas, prácticamente todas han ido restableciéndola de forma progresiva, corrigiendo así un recorte laboral ligado a un contexto de grave crisis económica que España superó hace ya años.
Marco legal y armonización de la jornada
Asimismo, el sindicato destaca que la resolución del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital se suma al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que en su disposición adicional vigesimonovena contempla la “armonización” de la jornada ordinaria del personal estatutario en todo el territorio.
En concreto, el texto establece que los servicios de salud que, en el momento de entrada en vigor de la Ley, mantengan una jornada ordinaria que, en cómputo anual, exceda el equivalente a 35 horas semanales, “deberán avanzar progresivamente hacia su implantación”. Los objetivos que se marcan son reducir la carga laboral, proteger la seguridad y salud en el entorno de trabajo y asegurar la calidad de la atención a la ciudadanía.
Respecto a la resolución que oficializa la jornada reducida para el personal de la AGE, se indica que deberá abrirse un proceso de negociación específico en todos los ámbitos dependientes, entre ellos el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Este organismo gestiona el personal de los centros sanitarios públicos de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas que tampoco cuentan todavía con la jornada de 35 horas, así como la Red Hospitalaria de Defensa, que integra los dos hospitales militares de Madrid y Zaragoza.
Por último, SATSE incide en que la recuperación de la jornada de 35 horas ha de ir ligada a una revisión detallada de las plantillas que permita determinar el incremento necesario de efectivos. De lo contrario, advierte, la reducción horaria podría traducirse en más pacientes por profesional en cada turno, mayor presión asistencial, una carga de trabajo más intensa concentrada en menos tiempo y un posible aumento del riesgo para la seguridad de los pacientes.