El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha instado a las comunidades autónomas a poner en marcha de inmediato todas las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco para combatir las agresiones y la violencia de género o sexual en el entorno sanitario, incluso antes de que la norma culmine su tramitación, evitando así diferencias o discriminaciones según la región en la que trabaje la persona afectada.
SATSE señala que la negociación mantenida con el Ministerio de Sanidad ha permitido incorporar un decálogo de actuaciones y herramientas cuyo objetivo principal es reforzar la protección de enfermeras, fisioterapeutas y del resto de profesionales de la sanidad pública frente a la “creciente escalada” de agresiones físicas y verbales y de episodios de violencia por razón de género o de índole sexual.
En este sentido, el sindicato destaca que el texto normativo prevé en su artículo 24, relativo a los derechos individuales del personal estatutario, la existencia de un plan específico de prevención y respuesta ante las agresiones y conductas violentas dirigidas a las personas empleadas. Igualmente, obliga a que los servicios de salud impulsen medidas y desarrollen actividades concretas para prevenir los riesgos ligados a la violencia en el trabajo y a la violencia contra la mujer.
Según SATSE, se trata de actuaciones de “tal necesidad e importancia” que no debería aguardarse a que el anteproyecto complete su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados para empezar a aplicarlas. Por ello, reclama a las consejerías de Sanidad que las incorporen a sus servicios de salud “lo más pronto posible”.
MÁS SITUACIONES VIOLENTAS
El sindicato subraya que los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad evidencian que la violencia en el ámbito sanitario constituye un “grave problema” cuya incidencia continúa en aumento. En 2025 se registraron 18.563 agresiones, lo que supone un incremento del 8,74 por ciento. De ellas, un 30 por ciento afectaron a enfermeras, por encima del 29 por ciento contabilizado en 2024.
SATSE insiste en que la puesta en marcha de estas medidas debe ser “conjunta y coordinada” en todas las autonomías, de manera que no existan desigualdades en función del servicio de salud en el que trabaje la persona que sufre la agresión, sea del tipo que sea. “Cualquier persona ha de trabajar sin miedo y con la plena certeza de que su administración va a hacer todo lo posible para evitar situaciones violentas y que, si se producen, tendrá todo el apoyo y ayuda necesaria”, apunta.
Asimismo, recuerda que la reforma del Estatuto Marco vigente, aprobado en 2003, incorpora el reconocimiento del personal estatutario como Autoridad Pública. “Algo que, desde la reforma del Código Penal de 2015, ya es una realidad, para que las agresiones o amenazas graves contra el personal sanitario que trabaja en centros públicos se castiguen como un delito de atentado contra la autoridad. Así, las penas son más severas que las de un delito común de lesiones o amenazas”, explica.
Otro de los avances contemplados en el Estatuto, fruto del acuerdo entre el Ministerio y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación, es que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual que tengan que abandonar su puesto en la localidad donde venían trabajando tendrán derecho a trasladarse a otra plaza de la misma categoría profesional, sin que sea imprescindible que esté vacante, con el fin de garantizar su protección y el acceso efectivo a la asistencia social integral.
La administración, además, deberá informar a la persona afectada de las vacantes disponibles en esa localidad o en aquellas que solicite expresamente. Si fuera preciso, las comunidades autónomas facilitarán la movilidad entre distintos servicios de salud para asegurar el ejercicio real del derecho a la movilidad de las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.
EXCEDENCIAS Y PROTECCIÓN LGTBI
En materia de excedencias, las personas víctimas de violencia de género o sexual podrán solicitarlas sin necesidad de acreditar un período mínimo previo de servicios ni un tiempo obligatorio de permanencia. También conservarán el derecho a la reserva de su plaza de origen y, durante los seis primeros meses, a su puesto de trabajo, computándose ese tiempo a efectos de antigüedad, carrera profesional y derechos del régimen de Seguridad Social.
El anteproyecto también prevé que los servicios de salud dispongan de un conjunto estructurado de medidas y recursos para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, junto con un protocolo específico frente al acoso y la violencia por orientación sexual, expresión o identidad de género, características sexuales y diversidad familiar.
“No hay solución única, y mucho menos autónoma, para acabar con este grave problema. Se requiere un esfuerzo conjunto, coordinado y en todos los ámbitos y niveles si no queremos que las cifras de personas afectadas sigan en aumento año tras año”, concluye SATSE.