SATSE exige al Ejecutivo un impulso financiero para la sanidad en los Presupuestos Estatales

SATSE demanda incrementos presupuestarios para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y mejorar las condiciones de enfermeras y fisioterapeutas.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha hecho un llamamiento al Gobierno este lunes para impulsar la sanidad pública incrementando las asignaciones presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado. Estas partidas deberían enfocarse en la mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS) y en las condiciones laborales de enfermeras y fisioterapeutas, quienes deben recuperar el derecho a recibir sus pagas extraordinarias completas al igual que otros empleados públicos.

Desde SATSE se ha subrayado que, según el propio Gobierno, la situación económica actual muestra un crecimiento “sólido” y un incremento en la recaudación tributaria, lo que posibilita la creación de unos presupuestos “expansivos” que prioricen la sanidad pública y a sus trabajadores, una promesa pendiente desde la pandemia de Covid-19.

El sindicato también ha destacado que en 2023 se asignó un 6,5 por ciento del PIB a la sanidad, cifra inferior a la de países como Alemania o Francia, que “rondan el 10 por ciento”. Por ello, SATSE ha solicitado más recursos, especialmente para la Atención Primaria, considerada el “talón de Aquiles” del SNS.

Esta financiación debería asegurar plantillas “adecuadas y suficientes” de enfermeras y fisioterapeutas, y que sus condiciones laborales sean las “adecuadas” para proporcionar una atención de calidad a los pacientes. Además, el sindicato ha pedido que se contemple un incremento salarial del 4 por ciento fijo y un 0,5 por ciento adicional en los próximos presupuestos.

SATSE también ha denunciado que desde 2010 se han eliminado 30 pagas a estos profesionales, lo que supone una pérdida aproximada de 11.000 euros por trabajador en los últimos 15 años. Finalmente, ha recordado sus acciones de presión y movilización, como las concentraciones de junio pasado en centros sanitarios de varias comunidades autónomas, en protesta por el “discriminatorio recorte salarial” que representa una reducción media de 700 euros anuales en sus salarios.

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