El real decreto aprobado por el Gobierno para reforzar la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública pone sobre la mesa dudas sobre cuáles serán sus efectos inmediatos. Según el Ejecutivo, el objeto principal de la norma es establecer un "procedimiento homogéneo y efectivo en todo el territorio nacional" para reconocer el derecho a la salud de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes.
Según estimaciones recientes de Funcas (enero 2026), en el país residen alrededor de 840.000 personas migrantes en situación irregular, un colectivo que ya tiene derecho a la atención sanitaria conforme al Real Decreto-ley 7/2018, que reformó la Ley 16/2003.
Por ello, el objetivo de esta norma no es incorporar nuevas personas al sistema, sino "que elimina barreras que se están poniendo para desvirtuar ese derecho ya reconocido", recuerda en redes sociales el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Gestión de cada comunidad
La aplicación del derecho, recuerda el secretario de Estado, sigue dependiendo de la gestión de cada comunidad, lo que hace que el número de beneficiarios potenciales sea variable. Tras los procesos de regularización previstos, se estima que la población afectada podría reducirse a aproximadamente una cuarta parte del total actual.
El sistema de financiación autonómica contempla ya recursos para esta población a través del concepto de “población equivalente”, basado en el padrón.
Esto implica que, siempre que se permita el empadronamiento, las comunidades reciben financiación para atender a estas personas, independientemente de su situación administrativa. Expertos señalan que la población migrante en situación irregular tiene en general una menor carga de enfermedad y, por tanto, un consumo reducido de recursos sanitarios.
El Real Decreto pretende así asegurar que el derecho reconocido en la ley se cumpla de manera uniforme, simplificando la aplicación administrativa y reforzando los mecanismos que permiten a los migrantes acceder a la asistencia sanitaria en todas las comunidades autónomas.